De acuerdo con información que circula en
internet, Jacob Ostreicher, un neoyorquino
de 53 años, es un empresario estadounidense, miembro destacado de la comunidad
Judía ortodoxa de Borough Park, Brooklyn, Nueva York. Ostreicher, pertenece a
un grupo de inversores liderados por
Andre Zolty, cabeza de la firma suiza Lexinter con sede principal en Ginebra y
filiales distribuidas por Europa y los Estados Unidos. Tanto Ostreicher como
Zolty son integrantes respetables de una comunidad que como la judía, posee
innúmeros recursos de lobby y acceso a niveles de decisión política, habida
cuenta de la sociedad estratégica conformada entre Israel y los EE.UU., surgida
de un escenario de intereses geopolíticos, religiosos y económicos donde juegan
papel fundamental los recursos energéticos de los territorios árabes, y el
milenario enfrentamiento entre judíos y musulmanes que hostiliza la convivencia
pacífica entre el Estado de Israel creado en la pos guerra, y los Estados
musulmanes de corte radical.
Ostreicher
y Zolty gozaban y gozan pues, de fortalezas institucionales y políticas que eran
conocidas por los sistemas de “inteligencia” del Estado Plurinacional.
Los
operadores políticos del gobierno boliviano -al igual que cualquier persona
medianamente informada- consideraban que la inversión de 25 millones de dólares
motorizada por Ostreicher desde 2008, en un emprendimiento destinado a la
agricultura y la ganadería de alta genética en Santa Cruz, era la punta de
lanza de un futuro flujo importante de capital privado. Que la economía cruceña
fuera el único nicho con capacidad de captar inversión externa directa y
fortalecerse, es algo que al gobierno produce escalofríos, pues el modelo
productivo regional es el enemigo visible de la economía “andino-amazónica” que
sustenta el “proceso de cambio” liderado por Evo Morales. De concretarse la
inversión, ésta vendría a suplir la ausencia de políticas gubernamentales y
recursos financieros de apoyo al sector, y de paso, fortalecer la economía regional
duramente vapuleada por leyes que limitan la competitividad y productividad,
los decretos sobre prohibiciones y cupos de exportación, la falta de garantías
sobre la inversión, y la permisividad para con el avasallamiento de más de 52 predios
productivos.
Por
ahí andaba, presenciando desfiles militares plurinacionales, firmando acuerdos
secretos y enviando comisiones de asesoramiento en lechería, un actor
ampliamente conocido por su antisemitismo y su
posición radical anti estadounidense: Irán, que se percató del flujo de
capitales de origen judío hacia Santa Cruz, y de allí en lo adelante Jacob
Ostreicher, tuvo que soportar más de 18 meses de privación de libertad, la
incautación de sus bienes y propiedades, y en la práctica, la liquidación de
sus inversiones, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y organización
criminal. Según los fiscales acusadores bolivianos, Andre Zolty también se
encontraba bajo investigaciones en Suiza y según éste, invertir en Bolivia es
más riesgoso que arar un campo minado.
¿Será
que el gobierno del “proceso de cambio”, en ejercicio de esa peculiar manera de
interpretar la “soberanía y dignidad” que preconiza Evo Morales actuó en
obsecuencia con sus amigos iraníes en contra de Ostreicher y los judíos; cumplió
con su objetivo de estrangular la economía cruceña, y de paso violó una vez más
sus promesas discursivas de “anti racismo y anti discriminación”? De ser así, las decisiones que
se tomaron no podrían provenir de los “mandos medios” como se pretende
demostrar en las investigaciones.
Reportes de prensa indican que el 28 de diciembre
Barack Obama firmó una ley “para intervenir contra la supuesta "influencia"
de Irán en América Latina”. El despacho noticioso señala que “el Departamento de Estado debe
preparar en 180 días una estrategia para conocer las inversiones, las
actividades y las alianzas del régimen de Teherán en la región”. La legislación
incluye vigilancia sobre inversiones y alianzas de la República Islámica en el
continente. Y cuando el río suena…
Otra duda surge de la facilidad que tuvieron los
“cerebros” de la urdimbre, para unir cabos de diferentes ovillos: narcotráfico
(Maximiliano Dorado) con recursos financieros probadamente lícitos
(certificados por la banca suiza).
¿Será que el gobierno del “proceso de cambio” posee
la capacidad para actuar en consonancia con los grupos de narcotraficantes
boliviano-brasileños como el de Maximiliano Dorado para sacarse de encima
eventuales adversarios? ¿O posee información privilegiada que no utiliza para
su combate? ¿A cambio de qué?
Hay más dudas detrás del caso Ostreicher. Esperemos
a Sean Penn.
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