A pocas semanas de las
votaciones generales del 12 de octubre, tanto encuestas como “opinadores”
(léase “analistas”) hablan de las aparentemente insalvables ventajas del
Presidente-candidato Evo Morales, quien lejos de mostrar desgaste después de 9
años de ejercicio del poder, pareciera fortalecerse con los “aciertos” de su
gestión. Su partido, el MAS, sin figuras de relevo, con tremendas
incongruencias internas, y diezmado por la corrupción en todos sus niveles,
tampoco parece acusar debilidad alguna, y ambos -candidato y partido- aseguran
que obtendrán al menos el 74% de los votos. Hecho poco frecuente en escenarios
políticos donde el desgaste y el “voto castigo” son la natural garantía de la
alternancia democrática, salvo la Venezuela chavez-madurista, la Cuba de los
Castro, la satrapía de Al-Asad en el Medio Oriente, o los archiconocidos
stalinismos, maoísmos, y las sucesiones familiares como las de Corea del Norte
donde el tiempo pareciera ser el “añejador” de los liderazgos. En todo caso las
estimaciones de cualquier encuesta sobre intención de voto deben ser
contrastadas con los resultados finales de un proceso con árbitros (TSE)
imparciales; una campaña proselitista igualitaria, equitativa, y sin ventajas
para ningún contendiente; sobre universos de votantes cuyos registros sean
comprobadamente transparentes y sujetos a control social; y de votaciones
libres, secretas y sin cohecho prebendal o corporativo.
Visto lo anterior,
quienes vivimos en “la Bolivia de todos los días” nos preguntamos ¿dónde están
los votos del MAS? y si la respuesta está escondida tras las declaraciones del
vocal del TSE, Ramiro Paredes, quien el pasado 04 de agosto informó que esa
institución entregará a los partidos políticos el padrón electoral “expresado
fundamentalmente en términos estadísticos” (sic), porque a criterio del
funcionario, la ley impide que se entregue la base de datos completa, a pesar
de lo proclamado en la Ley del Órgano electoral (Arts. 4 y 79) y Ley del
Régimen Electoral (Art. 2) sobre “la publicidad y transparencia”.
Registros bajo
sospecha
Los antecedentes de
esta decisión despiertan particular suspicacia, pues el “10 de Agosto de 2011,
Antonio Costa, entonces flamante Director Ejecutivo del nuevo Sistema General
de Identificación Personal (SEGIP) declaró que durante la comparación de datos
en los diferentes registros existentes y el Programa de Carnetización Gratuita,
“se había evidenciado, la existencia de 13 millones de tarjetas de
identificación a nivel nacional, número que fácilmente supera los 10.4 millones
de habitantes que, según estimaciones del INE, tiene Bolivia.” (La Razón).
Igualmente, 2,4 millones (18,46%) presentaban “inconsistencias” de registro;
1,75 millones de estos registros tenían errores de ortografía y/o
transcripción. Además, 300 mil números duplicados o triplicados se traducían en
un total de 630 mil registros pues, “un mismo número de cédula de identidad fue
asignado hasta a 24 personas”. La duplicidad, de acuerdo con el funcionario,
alcanzaba a 400.000 personas ceduladas.
Ya la Diputada Ninoska
Lazarte, en ocasión del Revocatorio de agosto de 2008, había sentado denuncias
–basadas en un informe del año 2007- sobre la emisión de cédulas que portaban
fotos de paisajes en lugar de personas. Basado en ello, la Corte Nacional
Electoral había presentado una denuncia ante la Fiscalía General sobre
“supuestos delitos cometidos en un programa apoyado por el Gobierno de
Venezuela para otorgar gratuitamente cédulas de identidad” (Efe). La
fuente también da cuenta de que en una zona rural de Cochabamba, la entrega de
cédulas gratuitas funcionó en una sede de campaña del gubernamental Movimiento
Al Socialismo (MAS). Demás está decir que las denuncias nunca fueron
debidamente aclaradas y que las prácticas continúan sin mucha alteración pues
el Segip de Montero (Prov. O. Santistevan), para citar un ejemplo, funciona
actualmente en predios de la CSUTCB, organización afín al partido de gobierno.
Cedulación a troche y
moche
“Recién nacidos
contarán con cédula de identidad. El documento será extendido por el Segip (…)
según establece el Decreto Supremo 1434. (…) en Bolivia más de 2 millones de
menores carecen del documento de identidad”. (Bolivia.com – 12. 12. 2012)
“Segip prevé emitir
cédulas en Argentina y España desde primer trimestre de 2013” (ABI, Radio
Patria Nueva, 27.12.12)
“Plan Nacional de
Cedulación Escolar abarcará a más de 1.700.000 estudiantes indocumentados. El Plan
Nacional de Cedulación Escolar tiene previsto abarcar a más de un millón de
estudiantes que no disponen de la Cédula de Identidad.” (Noticias SEGIP
04.02.14)
Como puede inferirse,
nada más de estos tres segmentos poblacionales, se puede hacer un rápido conteo
de 3.7000 entre recién nacidos y estudiantes menores de edad, a los que deberán
sumarse las personas ceduladas en el exterior. Al menos 4.000.000, es decir, el
40% de la población boliviana total sin contar con los ya cedulados.
El Padrón electoral
Secretos bien
guardados constituyen el Padrón Biométrico y el actual Padrón electoral,
instrumentos de registro que en diversas oportunidades han sido centro de
denuncias no aclaradas hasta el momento, mucho más si los resultados
desagregados del Censo 2012 aún no han sido puestos a conocimiento público, a
pesar de que el conteo final hacía “desaparecer” a más de 500.000 bolivianos
contabilizados en las estimaciones pre censales.
En cuanto a las
inscripciones, se denunciaron irregularidades en Pailón, San José de Chiquitos
y otras localidades: “El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro
Paredes informó a Radio FIDES que ante las denuncias realizadas en San José de
Chiquitos en Santa Cruz por presunto “acarreo de gente” e inscripciones
irregulares en el padrón electoral, el ente electoral se querellará ante el
Ministerio Público, para que se tomen las acciones necesarias. (Fides,
26.05.14) y habrá que preguntarse sobre el estado de situación del
empadronamiento de bolivianos en el exterior.
“Dime con quién
andas…”
El 8 de abril de 2009,
Evo Morales, mediante D. S. No. 068, autorizó la contratación directa –por un
monto de 1,47 millones de dólares– de las empresas cubanas Datys y
Acited-Impresos de Seguridad para proveer los equipos y los programas informáticos
que expiden los pasaportes de lectura mecánica y suministrar el documento
corriente, el oficial y el diplomático. “La presentación oficial del nuevo
documento se realizó anoche en una ceremonia en el hall de Palacio de Gobierno,
con la presencia del mandatario Evo Morales, el embajador de Cuba en La Paz,
Rafael Dausá, y autoridades locales” (Los Tiempos, 27.10.09). En 2010 y
2011, otros decretos pusieron en manos de Datys la instalación de equipos para
la captura de registros biométricos y la base de datos en 9 sedes
departamentales y en 16 oficinas consulares bolivianas en países como España,
Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra y Japón.
Según informaciones “Datys produce software para fines múltiples, desde identificación
de huellas digitales y rostros hasta escuchas telefónicas y monitoreo de redes
sociales, entre otros.” (Siete Días. El Nacional)
Otras empresas (La
Razón, mayo 2009) Cogent System y Smartmatic Corporation, andaban rondando
la Corte Nacional Electoral para elaborar el registro biométrico. La primera
con el “adorno” de que su funcionario, Guido Alejandro Antonini, había sido
detenido en Buenos Aires, en el año 2007, con un maletín que contenía 800.000
dólares supuestamente destinados para la campaña electoral de la candidata
Cristina Fernández. Smartmatic Corporation, con sede en Boca Ratón,
Florida -a denuncias de la congresista Carolyn Maloney, demócrata por
Nueva York- ha sido investigada por el FBI, por supuesta evasión fiscal y según
información revelada, 11 de sus 13 principales ejecutivos son venezolanos (Nuevo Herald)
relacionados con el entonces gobierno de Hugo Chávez.
Votación “cautiva” o,
el “voto duro del MAS”
Mientras no se cumplan
los requisitos que exige una campaña electoral transparente en todas y cada una
de sus fases, desde la cedulación, siguiendo con el empadronamiento de los
votantes, la conformación de la geografía electoral, la participación
equitativa de las organizaciones políticas, y la garantía del voto libre y
secreto, bien podemos inferir que el “gato encerrado” contiene el llamado “voto
duro” del MAS.
¿Quién nos garantiza
que el Padrón Electoral no tiene más electores registrados que los bolivianos
con edad de votar?
Si los Yungas de La
Paz, y el Chapare en Cochabamba han emitido sendas prohibiciones para el libre
ejercicio de la campaña electoral a los partidos y candidatos de oposición
¿quién nos garantiza que en esos territorios no se ubiquen centros y mesas de
votación inaccesibles con electores traspolados de las cifras del Padrón
conocido solamente en “términos estadísticos” según lo anunciado por el TSE? ¿Y
los centros y mesas en el exterior a cargo de los funcionarios consulares del
gobierno?
Tal vez por eso la
campaña oficialista no repara en la inconstitucional postulación del binomio
presidencial, que los discursos no tengan correlación con la conducta oficial,
que las denuncias de corrupción y abusos no tengan respuesta, que se utilice
impúdicamente los recursos del Estado, que no haya confrontación de ideas ni
debates.
Es oportuno
preguntarse si la actitud triunfalista del oficialismo sólo pretende
“legitimar” su permanencia en el poder, como hecho consumado e irrefutable, sin
pasar por el convencimiento y la voluntad de los electores en las urnas.
