El obstinado empeño de los Castro

Si usted es un ciudadano oriundo de Bolivia, Ecuador, o Nicaragua, y quiere saber lo que pasará en su país a corto o mediano plazo, mire atentamente lo que sucede en Venezuela. Esto parece ser una ley de estricto cumplimiento para los países militantes del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, nacido a su vez del Foro de Sao Paulo. Los firmantes de este último son tan variopintos como las FARC y Tabaré Vasquez (ex Presidente de Uruguay); Lula del Brasil y Daniel Ortega de Nicaragua; Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador. Países tan dispares entre sí, pero unidos sus caudillos por el apetito insaciable de poder y un ejercicio político reñido con los principios democráticos más elementales. Ello patrocinado por ingentes recursos económicos provenientes de las arcas venezolanas; y las industrias del narcotráfico y el secuestro gerenciadas por las FARC colombianas; todo monitoreado táctica y estratégicamente por los equipos políticos de los hermanos Castro.

Aprovechando los errores de un sistema político altamente cuestionado por su incapacidad de solucionar los problemas sociales y económicos, bastó el viejo artilugio populista de echar a pobres contra ricos para encaramarse en el descontento popular y tomar por asalto el Estado de Derecho. Le siguió el diseño de Constituciones a medida y la sistemática captura de los poderes públicos, previo desmantelamiento de toda oposición. 

Pues bien, en este momento existe en Venezuela un enconado debate en torno a lo que, en noviembre de 2007, Hugo Chávez pusiera a consideración para una reforma constitucional: establecer el Estado del Poder Popular o Estado Comunal. Rechazada la propuesta, el gobierno de Chávez se apresuró a promulgar las Leyes Orgánicas del Poder Popular, de las Comunas, del Sistema Económico Comunal, de Planificación Pública y Comunal, de Contraloría Social, y del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular. La comuna según la Ley Orgánica del Poder Popular es la “célula fundamental” del Estado Comunal, “el espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable…” (artículo15.2). 

Sí, leyeron bien. Son las mismas comunas que Lenín soñara como instrumento para lograr "la Dictadura Revolucionaria del proletariado y los campesinos". Las comunas instauradas por Stalin en la hoy extinta URSS, en 1930, y que ocasionaran la hambruna soviética de 1932 y 1933 con el resultado de más de 20 millones de muertos. La misma comuna que generó el trabajo en masa colectivo y que impuesta por Mao Tse Tung, llevó a más de 30 millones de chinos a la muerte por hambruna. La comuna que tiene a Cuba importando el azúcar que años atrás exportaba. 

En Bolivia, tal proyecto no precisó de una segunda instancia pues la Nueva Constitución Política del Estado lo incluyó en el “TÍTULO VI de PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL: Artículo 241. I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.” 

Esto en sí mismo causa escalofríos habida cuenta de que “la sociedad civil organizada” boliviana, en acepción del régimen, está constituida por los Sectores Sociales, las Bartolinas Sisa, y – cuándo no- la Confederación de productores de hoja de coca del Chapare, ante quienes Evo Morales sujeta anualmente el accionar de su gobierno.  

Amparado en la distracción ocasionada por la mayor ola de corrupción y extorsiones que registra la historia de Bolivia –a las que no son ajenos los regímenes socialistas del Siglo XXI- el gobierno de Evo Morales pergeña la Ley de Participación y Control Social que implicaría, según el diputado de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, “excluir derechos de organizaciones tan legítimas como los comités de vigilancia que son el brazo operativo de control, fiscalización y seguimiento de los presupuestos de los municipios”. Pero las dudas del legislador no llegan a tocar el meollo de lo que se pretende: implantar un instrumento político-administrativo digitado por el centralismo para que reste funciones e invada competencias, entrabe la gestión, haga inoperante las autonomías y fagocite los recursos de las alcaldías y las gobernaciones. La píldora viene “dorada” con el supuesto ejercicio directo del poder por el pueblo, cuya voluntad expresada en sufragios universales, secretos y directos -para elegir Alcaldes, Concejales y Gobernadores- en la práctica sería suplantada por las aclamaciones asambleístas de los Sectores Sociales (SS) afines al gobierno. Así, los clones de los nefastos Comités de Defensa de la Revolución cubanos (CDR)  tienen las puertas abiertas para constituirse en las nuevas redes de control político, que tal y como estamos viendo, también poseen una inaudita capacidad para convertirse en instrumentos de extorsión contra la ciudadanía. Un virtual “anillo al dedo” para un Evo Morales dispuesto a convertir Bolivia en un gran sindicato cocalero similar a los que comanda desde hace más de veinte años.

Después vendrán las comunas, cuando no haya señales de resistencia.   

Hasta ahora sólo se ha pronunciado en contra de la Ley de Participación y Control Social, la Federación de Comités de Vigilancia, cuya solitaria voz parece reducir el problema a un conflicto de intereses sectoriales. Pocos apuntan a que el verdadero objetivo del gobierno, con leyes complementarias que vendrán apareciendo en sobre cerrado para su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional de amplia mayoría gobiernista, es la modificación estructural del Estado boliviano para ponerlo al servicio de un proyecto fracasado de poder que los hermanos Castro –en vez de aprovechar inteligentemente los recursos usufructuados durante 14 años del manirrotismo de los socialistas del Siglo XXI para cambiar su matriz económica y su modelo político insostenibles- se empeñan obstinadamente en exportar hasta que el último de ellos exhale el último suspiro.