¿Terrorismo por las sendas del ALBA?

“El fanatismo ya es un ejército” reflexionó sobre el fenómeno del Estado Islámico, el escritor angloindio Salman Rushdie, invitado del “Hay Festival de Xalapa”, México. Y no es para menos pues el mismo fundamentalismo que le persiguió durante años por su obra “Los Versos Satánicos” (1988) muestra al mundo su extrema crueldad. Ahora es ISIS quien proclama el Estado Islámico, pero no pueden olvidarse escenas de similar contenido cuando se trata de Al Qaeda, Hezbolá o cualquier organización cobijada bajo el paraguas de la Yihad -considerada como una “guerra santa”- que no repara en utilizar desde la autoinmolación, hasta los asesinatos en masa contra los infieles que no comulgan con las ideas de un mundo que no hace distinción entre lo humano y lo religioso. Esta guerra sin cuartel, ora bajo el signo chiita, ora bajo los sunitas, amenaza con expandirse más allá de las fronteras que hasta hoy se conocen como el mundo musulmán en busca del enemigo común: los infieles.

El tsunami recala en América Latina donde el caudillismo, las brechas económicas, la corrupción y una débil institucionalidad preparan el caldo de cultivo para alimentar  grandilocuentes discursos populistas. El fundamentalismo religioso encuentra interlocutores locales sedientos de dinero fácil y poder. El gran negocio mezcla narcotráfico, guerrilla y terrorismo en cóctel mortal que tiene particular efectividad en sociedades de gobiernos no democráticos o democracias nominales cuyos mecanismos mediatizados por el poder de turno, son vulnerables a la penetración ideológica o económica.  

Populismo, narcotráfico y terrorismo

Irán “está construyendo un puente” hacia Latinoamérica, sintetizó el director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura (SFS, en inglés), Joseph Humire. Según Humire, “en los últimos cinco años Irán ha firmado unos 500 acuerdos con seis países latinoamericanos por un total de 40.000 millones de dólares” (Reuters 10 julio 2013) y la influencia de Irán en Latinoamérica –de acuerdo con el experto- crece en proporción directa a la influencia regional de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), organismo internacional de corte populista del cual Irán es un miembro sin derecho a voto (Los miembros con derecho a voto son Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela).

Tales apreciaciones parecen reforzarse por la presencia y las múltiples visitas del ex presidente iraní Mahmud Ahmadineyad a los países de la ALBA. Para Alberto Nisman, fiscal general en la investigación por el atentado de 1994 en Buenos Aires contra la sede  judía AMIA (murieron 85 personas), Irán es responsable de “infiltrar varios países de Sudamérica e instalar allí estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución”. (Reuters 10.07.13).

Jeff Duncan, congresista promotor de una iniciativa del Departamento de Estado para  enfrentar  la “creciente presencia y actividad hostil de Irán” en Latinoamérica, afirmó que  “No podemos descartar la opción de que Irán pueda estar planeando ataques contra Estados Unidos desde Latinoamérica”.

Otras investigaciones dan cuenta de que la zona de la Triple Frontera que comparten Brasil, Paraguay y Argentina, es refugio para grupos terroristas como Hizbólá. El Hezbolá es una entidad libanesa fundada por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní y financiada por Teherán que según los EE.UU. y otros países, constituye una organización terrorista. 

En 2011, el ex Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega y el académico Fernando Cárdenas publicaron el estudio llamado "El montaje de la amenaza de Hezbolá en América Latina" (publicado en el American Enterprise Institute). El documento señala nexos de Hezbolá con narcotraficantes mexicanos (y de otros países de la región). Esta asociación permitiría a los cárteles ampliar sus acciones hacia los mercados de la droga de Medio Oriente y Asia del Sur, y aprovechar la experiencia de Hezbolá en explosivos y terrorismo; a cambio de ambientes seguros, espacios de entrenamiento y vías de fácil acceso a la frontera con los EE.UU. 

Los autores del estudio afirman sobre la existencia de una red operada por Hezbolá y otra por la fuerza Qods del Cuerpo de Guardias de la Revolución Iraní que  “gozan del apoyo "oficial" de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador”.

Cuatro años antes, “La Razón” del Perú (30.10 2007) publicaba conclusiones e informes sobre la presencia de ““misioneros” iraníes importados por Hugo Chávez se encuentran en estos momentos abocados a convertir a los millones de indígenas quechuas y aimaras desperdigados en Bolivia.” 

De igual manera, en 2008, la revista “Caretas” del Perú denunciaba entrenamientos de guerrilleros en Bolivia financiadas por Venezuela. 

Posteriormente, en marzo de 2011, Eduardo Macaya, un cubano radicado en la Florida, entrevistado por el periodista Jaime Bayly, (repetida en Red Uno) declaró que un grupo llamado Ejército de Liberación estaba entrenándose militarmente en el parque Madidi, bajo la dirección de “miembros de las FARC” e “iraníes”.

Algo que la FF.AA. de Bolivia aparentemente no ignoraban, a menos que se tratase de otro proyecto,  pues el 05 de agosto de 2010, el comandante de la Octava División del Ejército en Santa Cruz, coronel Ramiro Siles, afirmó que el ejército se encontraba impartiendo instrucción militar a civiles. “El jefe militar destacó que este entrenamiento no solamente se lo realiza en el Regimiento de Fuerzas Especiales 12 Manchego, en la localidad cruceña de Montero, sino “en toda Bolivia”, y explicó que además de los movimientos sociales participa la “ciudadanía”, además de “colegios””  (El Deber, Erbol y ANF).

 

El 31 de mayo de 2011, el entonces ministro de Defensa de la República Islámica de Irán, general Ahmad Vahidi –principal acusado por el atentado a la sede de la AMIA- anunció que  su país estaba dispuesto a apoyar militarmente a Bolivia, luego de participar en un desfile militar en la sede el Colegio Militar de Santa Cruz, en el que participaron también representantes de los “ponchos rojos” (campesinos del Altiplano) o Ejército Aymara. Al evento acudieron y el cuerpo diplomático de Cuba, Venezuela, Irán y Panamá.

El “Chip cubano”

El articulista Antonio María Delgado (Nuevo Herald 09.09.14) afirma que “Ciudadanos de Irán y de otros países de Oriente Medio, algunos de ellos vinculados con organizaciones terroristas como el Hezbolá, han tratado de ingresar a Canadá portando documentos de Venezuela, país que en los últimos años se ha convertido en un importante trampolín de estos individuos para ingresar a Norteamérica” El informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS) señala que “al menos 173 individuos de Oriente Medio fueron detectados portando documentos de identidad venezolanos”.

El informe de SFS referido por Delgado,  también recoge las afirmaciones de Anthony Daquín, ex asesor del sistema de identidad venezolano: “Ellos (los cubanos) tienen la manera de poder emitir el documento venezolano, sin ningún tipo de problema, desde la Universidad de Ciencias Informáticas, porque ellos tienen los equipos y los insumos, incluyendo las láminas policarbono, la firma electrónica que va dentro de los pasaportes, y los certificados de encriptación que es el que permite que el chip pueda ser leído en los aeropuertos”.

El informe titulado “Canadá en Guardia, evaluando la amenaza a la seguridad migratoria de Irán, Venezuela y Cuba” concluye que los documentos de identidad son otorgados a “iraníes y otros extremistas que buscan ingresar a América del Norte sin ser detectados”.

Al respecto, el 8 de abril de 2009, Evo Morales, mediante D. S. No. 068, autorizó la contratación de las empresas cubanas Datys y Acited-Impresos de Seguridad, para proveer los equipos y los programas informáticos que expiden los pasaportes de lectura mecánica y suministrar el documento corriente, el oficial y el diplomático en Bolivia y sus agencias consulares. “La presentación oficial del nuevo documento se realizó anoche en una ceremonia en el hall de Palacio de Gobierno, con la presencia del mandatario Evo Morales, el embajador de Cuba en La Paz, Rafael Dausá, y autoridades locales” (Los Tiempos, 27.10.09). “Datys produce software para fines múltiples, desde identificación de huellas digitales y rostros hasta escuchas telefónicas y monitoreo de redes sociales, entre otros.” (Siete Días. El Nacional).

El llamado “chip cubano” (harware y software) también fue adquirido para los sistemas de identificación personal y pasaportes por Argentina, Ecuador y Nicaragua. 

Tal como lo denunciaran la oposición venezolana y boliviana, el software y hardware cubano también sirven para ganar elecciones fraguadas. 

Bolivia en el ojo de la tormenta

Por las informaciones que se disponen, Bolivia formaría parte de esta red internacional de alianzas estratégicas, habida cuenta de las orientaciones políticas del gobierno boliviano, acompañadas de una serie de señales que pueden intranquilizar a cualquier observador acucioso.

La cadena VOA noticias refiere que, en grabaciones de una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Bolivia realizada el 12 de agosto, el Presidente de la misma, Marcelo Elio Chávez, perteneciente al MAS, partido de Evo Morales, declaró que "El pueblo judío no aprendió la lección" del Holocausto” (Infobae 07.09.14). Dieciocho días después, el 30 de agosto, el gobierno boliviano decretó la exigencia de visas para los ciudadanos israelíes que quisieran ingresar al país. Ya quedaba en el recuerdo la epopeya de Jacob Ostreicher, un inversor de origen judío quien, acusado de manejar fondos ilícitos por el orden de los 30 millones de dólares, tuvo que guardar detención por cerca de tres años sin sentencia al no habérsele comprobado ninguna de las acusaciones.

El nexo terrorismo-narcotráfico que los analistas han observado en Venezuela, al parecer, se repite en Bolivia. La columnista  Mary Anastasia O'Grady (Wall Street Journal, Oct. 28.10.13) refiere que” El país andino es un centro para el crimen organizado y un refugio para los terroristas”, haciendo mención al hecho de que “La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) fue expulsada. Información de la Organización de Naciones Unidas muestra que la producción de cocaína está en alza en Bolivia desde 2006 y hay informes no confirmados de que delincuentes mexicanos, rusos y colombianos han viajado al país para tratar de obtener una parte del pastel.”, al tiempo de hacer mención sobre el pasado guerrillero del Vice-Presidente García Linera y la condición de Presidente de las 6 Federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba -cuya producción excedentaria se comercializa en mercados ilícitos-  que ostenta Evo Morales, Presidente de Bolivia. 

Para aumentar las sospechas sobre el papel de Bolivia, la información encontrada en la computadora y las memorias portátiles de alias “Raúl Reyes”, guerrillero de las FARC muerto en una incursión del ejército colombiano a territorio ecuatoriano, echó luces sobre las vinculaciones entre las FARC y el MRTA peruano, quienes habrían entrenado en tácticas terroristas en campamentos ubicados en territorio boliviano (El Comercio. Lima) Otras noticias relacionadas “Revelan que miembros del MRTA peruano fueron guardaespaldas de Evo Morales” (Eju.tv 15.08.2014). Más concretamente, el peruano Julio César Vásquez Vásquez, juzgado en su país por terrorismo, y asilado político en Bolivia (también identificado como guardaespaldas de Evo Morales) quien declaró haber formado parte de un grupo de Inteligencia de la Vicepresidencia. En ocasión de haber sido acusado de asesinato a una mujer embarazada, afirmó su inocencia al tiempo que expresaba ante requerimientos de prensa: “Toda es una mentira, lo que yo reconozco señores de la prensa es que el Ministerio Público me incautó una computadora, donde sí existe (información sobre) campamentos guerrilleros” (La Paz, ERBOL, 12.08. 2014).

Si el gobierno boliviano es, o no es, parte de esta suerte de internacional del terrorismo es algo que deberá ser explicado en forma clara y diáfana a los ciudadanos. Lo contrario sería asumir que nuestras deducciones no son erradas y estamos, por la simple angurria de dinero y poder de unos cuantos, arriesgando la paz social de nuestro continente y de todo el mundo occidental.

REFLEXIONES CUARESMALES

Probablemente la Disposición Transitoria Primera (inciso ii) de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional que dice textualmente: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”, es ampliamente conocida por los bolivianos y bolivianas que observan incómodos los intentos del Presidente Evo Morales por ver legitimada su re reelección para un nuevo período constitucional. Pocos recordarán probablemente que dicha disposición -realizada por el Congreso en octubre de 2008- aprobada en el referendo constitucional del 15 de enero 2009, modificaba lo sancionado por la Asamblea Constituyente en 2007: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución no serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.

Una “maniobra envolvente” –Vice Presidente dixit– pretende zanjar el asunto al interpretar mañosamente que la CPE sería aplicable recién a partir del 22 de enero de 2010, con la renovación de los poderes públicos. Lo cual equivale a decir que desde 7 de febrero de 2009 hasta el 22 de enero de 2010, el país estuvo flotando en un limbo constitucional donde todo acto administrativo de las autoridades podría ser juzgado como nulo, pues la Disposición Final de la actual CPE reza que ésta “(…) entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial.” indicando al mismo tiempo, la aplicación de su eficacia normativa.

Ahora, los afanes reeleccionistas de Morales han elevado la materia a consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, junto a las facturas de lealtad, habida cuenta de que los tribunos fueron elegidos por el gobierno a través de su brazo legislador en la Asamblea Plurinacional y “legitimados” por votación popular que logró menos del 30% de aprobación de los votantes.

Materia tan importante debería ser resuelta en el marco del Artículo 7 de la CPE: “La soberanía reside en el pueblo boliviano (…) es inalienable e imprescriptible”, y el Artículo 11, inciso II.) “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa…”. Esta es la misma soberanía a la que se acudió en el referendo constitucional del 15 de enero de 2009.

Como puede verse, no existen “maniobras envolventes” si todo se hace en el marco de la Constitución que costó vidas humanas, meses de tensión social, cuantiosos recursos económicos y sobre todo, un ambiente de división entre los bolivianos que pareciera seguir flotando a medida en que las ambiciones de perpetuación en el poder pasan por encima de las leyes, o las corrompen para servirse de ellas.

Los que se van y los que se  quedan

“Triste suerte la de nuestra América…”, decía el desaparecido escritor y humanista venezolano Arturo Uslar Pietri, “…sus grandes hombres murieron jóvenes como Bolívar, como Sucre, como Martí. Sus dictadores, longevos…” La reflexión viene a cuento por la determinación de Benedicto XVI -el principal hombre de la Iglesia Católica en el mundo- quien en acto de suprema responsabilidad, ha decidido retirarse para dejar su lugar a otro Papa con mayor fuerza para enfrentar los desafíos contemporáneos de la Iglesia. Entretanto, Rafael Correa busca la re elección en Ecuador, Hugo Chávez sacrificó el resto de su salud y la salud económica, social y política de sus ciudadanos en una tercera reelección cuyos beneficios ejercen sus albaceas políticos. Ortega va por el mismo camino en Nicaragua, y Evo Morales busca lo suyo a pesar de la Constitución boliviana. Cristina Kirchner con seguridad, no resistirá la tentación.

En la hora de las sombras largas

Los recientes acontecimientos que vive el país han desempolvado, con razón, los pedidos recurrentes de mayores y más estrictas penas contra violadores y asesinos de mujeres. La figura del feminicidio vuelve a la palestra reforzada porque el más paradigmático de estos hechos fue perpetrado por un miembro de la Policía Nacional, integrante de una fuerza de élite (UTARC) que sirviera al gobierno plurinacional para acometer contra los supuestos “terroristas” comandados por Rózsa. La reciente víctima, Hanalí Haycho –una periodista- había reportado 5 denuncias previas por malos tratos sin ser escuchada por las autoridades. Dos camaradas del victimario, el Capitán Walter Andrade y Marilyn Vargas Villca, también miembros de la UTARC, y probados confidentes del gobierno en el caso Rózsa, gozan de sendos exilios dorados en alguna legación extranjera cobijados por la ALBA. Ya las aguas habían arrastrado consigo la masacre de El Porvenir, y revolcado los abusos de Chaparina. Ya las redes de extorsión que ejercían violencia desde el Ministerio de Gobierno se habían acallado, misteriosamente arropadas por un “silencio procesal” cargado de sospechas, cuando surgieron las voces de nuevas víctimas a pesar de los intentos por mantener las cosas bajo siete llaves. 

Pero se había sedimentado la sensación de que la violencia provenía de victimarios -de una u otra forma- portadores de algún tipo de autoridad.

Como individuos estamos expuestos a modelos de violencia en sus diversas manifestaciones. El hogar, la familia, las tradiciones, pueden ser portadoras de hábitos violentos, pero la vida en sociedad nos corrige. Las sociedades contemporáneas parecen percibir la violencia con mayor sensibilidad pues la información de que se dispone hace consciente al individuo sobre sus derechos, al ejercicio de sus libertades, y no sólo a defender la vida como acción instintiva. Si ésta percepción no es acompañada por las autoridades, por las instituciones del Estado, la violencia pasa a la actitud permanente y arraiga como cultura. 

La violencia a menudo está estrechamente vinculada con el poder, con la potestad de imponer la voluntad sobre los demás por la fuerza. No es casualidad que donde existen regímenes autoritarios la violencia se manifieste desde el Estado con el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza, o que la misma sociedad irrumpe y rebase esta capacidad de contención, ya sea traducida en inseguridad ciudadana, o en violencia callejera y doméstica.

Como ejemplo, en 2012 Venezuela registró 21.800 muertes violentas producto de la inseguridad ciudadana –más de 59 por día- y recientemente la Fundación Nueva Democracia, en estudio realizado durante septiembre 2011 y septiembre 2012, contabilizó 733 violaciones de los derechos humanos en Bolivia –casi tres por día, sólo en materia de derechos civiles y políticos- sin contar los casos de Leopoldo Fernández, el asilo político al que fuera obligado Roger Pinto, los 39 imputados por el caso Rózsa, los muertos de La Calancha, Huanuni, Hotel las Américas, ni los abusos perpetrados en Chaparina. No hay datos oficiales de Cuba pues la revolución abolió, hace 54 años, todos los derechos que podían ser violados por la dictadura. 

 

Evo Morales prometió convertir Bolivia en un país similar a suiza en 10 años. Ya pasan siete ¿apostamos a los tres restantes?

A SIETE AÑOS DE GESTION

En noviembre pasado, Juan del Granado, otrora socio y aliado de su tocayo Juan Evo Morales, reclamaba que éste debería responder a los bolivianos por la malversación de la riqueza obtenida en siete años de ingresos extraordinarios derivados del altísimo valor de las materias primas alcanzadas en los mercados internacionales. “Son nada menos que 50.000 millones de dólares… que no  han sido convertidos en bienestar ni empleos dignos”, respuesta que a estas alturas del año, bien puede ser el respaldo de un informe de gestión.

Aunque el Sin Miedo no desglosa la cifra, ésta puede incluir el avión presidencial adquirido por 38,7 millones de dólares; sin contabilizar los gastos en combustible, sueldos y salarios para los pilotos -y por supuesto- alimentación, vestimenta deportiva, algunos extras y alojamientos para los miembros de la Selección de Fútbol del 94, con la que Evo Morales gusta jugar usando la “número 10” en la espalda, luego de cada inauguración de obra o entrega de cancha de pasto sintético. Los partidos son televisados por el Canal del Estado y transmitidos (¿) por un equipo de locutores deportivos. Al respecto, la Ministra de Comunicación informó que desde enero hasta octubre de 2012 se habían efectuado 483 trasmisiones (de los actos de entrega de obras) a un coste de 3,5 millones de dólares. A ese ritmo, en los siete años transcurridos, el coste total alcanzaría la suma de 24,5 millones de dólares.

Cualquier cálculo debió tomar en cuenta los dos helicópteros bimotores presidenciales comprados por 11 millones de dólares. Y, como un presidente del “Proceso de cambio” no puede salir desde una terminal vulgar y silvestre, se construye un hangar y su respectiva terminal con áreas privadas, seguridad, y sala de prensa en la Brigada Aérea de El Alto, la misma que tendrá un costo aproximado 1,6 millones de dólares. 

Incómodo por la pequeñez del histórico Palacio Quemado que diera cobijo a otros presidentes más mundanos -como su ex socio de andanzas, Carlos Meza- Evo Morales ha decidido construir la Casa Grande del Pueblo, un edificio que también albergará a tres ministerios en sus 12 pisos, un helipuerto, y que a solicitud del Ministro Choquehuanca, llevará motivos tihuanacotas ahora que empieza “el nuevo tiempo” y junto al sol marchan “los guerreros del arco iris”. Está por comprobarse si la Casa Grande del Pueblo va a sobrepasar ampliamente la suma de 50 millones de dólares como calculan algunos malpensados. 

Otras cifras que debieron ser contabilizadas por el “Sin Miedo” son los 7 millones de dólares, destinados al “Museo de la Revolución Democrática y Cultural” en actual construcción para la exposición de las fotos del solsticio de verano que se realizó en el Lago Titicaca al coste de 1 millón de dólares. Alguna cantidad se habrá averiguado sobre lo gastado anteriormente para el estadio y coliseo con capacidad para 5.000 espectadores donde podrán caber sin apretujarse los 173 habitantes de Orinoca, cuna del caudillo ubicada a 3.767 metros de altura sobre el nivel del mar.

Como antojos de Evo deberán sumarse la Fábrica de Úrea, Cartonbol, Papelbol, Lácteosbol y el Aeropuerto de Chimoré en Chapare. Junto a cerca de 20 empresas estatales, Evo también creó Emapa, Azucarbol y Ecebol (Empresa Pública Nacional Estratégica de Cemento), BOA y Eva que suman varios cientos de millones de dólares. No pueden olvidarse el satélite Tupac Katari (300 millones de dólares y no sabemos cuántos años de explotación exclusiva de litio por China), la carretera del TIPNIS (más de 600 millones de dólares) y el teleférico La Paz- El Alto (350 millones de dólares). 

Evo Morales y su gobierno no escatimaron recursos destinados al gasto corriente no productivo. Un estudio de la Fundación Jubileo revela que éste consume el 66% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y otras fuentes indicaban que hasta 2011, los hermanos MASistas habían incorporado 68.000 militantes “azules” en la administración central y las empresas públicas. Igual esfuerzo presidencial merecieron la deuda interna y externa que a saber de los economistas hoy sobrepasa los 10.000 millones de dólares.

Sin embargo, los resultados de esta danza de dólares son menos que exiguos, pues tanto dinero derrochado en gustitos personales elevados a rango de prioridades nacionales, no han redundado en otra cosa que una pléyade de funcionarios despistados y “giles” (Torrico dixit), quienes luego de siete años de ejercicio monopólico del gobierno son incapaces de distinguir un burro a medio metro ni mantener a resguardo la “cadena de mando” que se rompió en La Calancha, Caranavi, Chaparina, el asalto al Hotel Las Américas y las alcabalas de las redes de extorsión. En siete años de gastar el dinero de los bolivianos y bolivianas, ni Evo Morales ni sus ministros aprendieron a gobernar, peor aún, asumir  la responsabilidad por sus actos. 

Don Sin Miedo, al igual que yo, deberá concluir que los 50.000 millones de dólares que reclama a Evo Morales son plata perdida.

El obstinado empeño de los Castro

Si usted es un ciudadano oriundo de Bolivia, Ecuador, o Nicaragua, y quiere saber lo que pasará en su país a corto o mediano plazo, mire atentamente lo que sucede en Venezuela. Esto parece ser una ley de estricto cumplimiento para los países militantes del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, nacido a su vez del Foro de Sao Paulo. Los firmantes de este último son tan variopintos como las FARC y Tabaré Vasquez (ex Presidente de Uruguay); Lula del Brasil y Daniel Ortega de Nicaragua; Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador. Países tan dispares entre sí, pero unidos sus caudillos por el apetito insaciable de poder y un ejercicio político reñido con los principios democráticos más elementales. Ello patrocinado por ingentes recursos económicos provenientes de las arcas venezolanas; y las industrias del narcotráfico y el secuestro gerenciadas por las FARC colombianas; todo monitoreado táctica y estratégicamente por los equipos políticos de los hermanos Castro.

Aprovechando los errores de un sistema político altamente cuestionado por su incapacidad de solucionar los problemas sociales y económicos, bastó el viejo artilugio populista de echar a pobres contra ricos para encaramarse en el descontento popular y tomar por asalto el Estado de Derecho. Le siguió el diseño de Constituciones a medida y la sistemática captura de los poderes públicos, previo desmantelamiento de toda oposición. 

Pues bien, en este momento existe en Venezuela un enconado debate en torno a lo que, en noviembre de 2007, Hugo Chávez pusiera a consideración para una reforma constitucional: establecer el Estado del Poder Popular o Estado Comunal. Rechazada la propuesta, el gobierno de Chávez se apresuró a promulgar las Leyes Orgánicas del Poder Popular, de las Comunas, del Sistema Económico Comunal, de Planificación Pública y Comunal, de Contraloría Social, y del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular. La comuna según la Ley Orgánica del Poder Popular es la “célula fundamental” del Estado Comunal, “el espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable…” (artículo15.2). 

Sí, leyeron bien. Son las mismas comunas que Lenín soñara como instrumento para lograr "la Dictadura Revolucionaria del proletariado y los campesinos". Las comunas instauradas por Stalin en la hoy extinta URSS, en 1930, y que ocasionaran la hambruna soviética de 1932 y 1933 con el resultado de más de 20 millones de muertos. La misma comuna que generó el trabajo en masa colectivo y que impuesta por Mao Tse Tung, llevó a más de 30 millones de chinos a la muerte por hambruna. La comuna que tiene a Cuba importando el azúcar que años atrás exportaba. 

En Bolivia, tal proyecto no precisó de una segunda instancia pues la Nueva Constitución Política del Estado lo incluyó en el “TÍTULO VI de PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL: Artículo 241. I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.” 

Esto en sí mismo causa escalofríos habida cuenta de que “la sociedad civil organizada” boliviana, en acepción del régimen, está constituida por los Sectores Sociales, las Bartolinas Sisa, y – cuándo no- la Confederación de productores de hoja de coca del Chapare, ante quienes Evo Morales sujeta anualmente el accionar de su gobierno.  

Amparado en la distracción ocasionada por la mayor ola de corrupción y extorsiones que registra la historia de Bolivia –a las que no son ajenos los regímenes socialistas del Siglo XXI- el gobierno de Evo Morales pergeña la Ley de Participación y Control Social que implicaría, según el diputado de Convergencia Nacional (CN), Alex Orozco, “excluir derechos de organizaciones tan legítimas como los comités de vigilancia que son el brazo operativo de control, fiscalización y seguimiento de los presupuestos de los municipios”. Pero las dudas del legislador no llegan a tocar el meollo de lo que se pretende: implantar un instrumento político-administrativo digitado por el centralismo para que reste funciones e invada competencias, entrabe la gestión, haga inoperante las autonomías y fagocite los recursos de las alcaldías y las gobernaciones. La píldora viene “dorada” con el supuesto ejercicio directo del poder por el pueblo, cuya voluntad expresada en sufragios universales, secretos y directos -para elegir Alcaldes, Concejales y Gobernadores- en la práctica sería suplantada por las aclamaciones asambleístas de los Sectores Sociales (SS) afines al gobierno. Así, los clones de los nefastos Comités de Defensa de la Revolución cubanos (CDR)  tienen las puertas abiertas para constituirse en las nuevas redes de control político, que tal y como estamos viendo, también poseen una inaudita capacidad para convertirse en instrumentos de extorsión contra la ciudadanía. Un virtual “anillo al dedo” para un Evo Morales dispuesto a convertir Bolivia en un gran sindicato cocalero similar a los que comanda desde hace más de veinte años.

Después vendrán las comunas, cuando no haya señales de resistencia.   

Hasta ahora sólo se ha pronunciado en contra de la Ley de Participación y Control Social, la Federación de Comités de Vigilancia, cuya solitaria voz parece reducir el problema a un conflicto de intereses sectoriales. Pocos apuntan a que el verdadero objetivo del gobierno, con leyes complementarias que vendrán apareciendo en sobre cerrado para su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional de amplia mayoría gobiernista, es la modificación estructural del Estado boliviano para ponerlo al servicio de un proyecto fracasado de poder que los hermanos Castro –en vez de aprovechar inteligentemente los recursos usufructuados durante 14 años del manirrotismo de los socialistas del Siglo XXI para cambiar su matriz económica y su modelo político insostenibles- se empeñan obstinadamente en exportar hasta que el último de ellos exhale el último suspiro.   

El ocaso del ALBA

Las pasadas elecciones presidenciales venezolanas desnudaron un secreto que los gobiernos integrantes de la llamada Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) guardaban bajo siete llaves: la danza de petrodólares para afianzar a Hugo Chávez como líder continental y a sus socios como adalides locales de un nuevo orden. En ocasión de su rebautizo como Alianza, Chávez aclaró que “no era una modificación semántica sino de códigos, de sentido y de fondo, pues el ALBA pasaba de propuesta teórica a plataforma política territorial, geopolítica y de poder”. “No es la economía la que nos va a integrar… Creo que se impone de nuevo lo que pudiéramos llamar la revancha de la política, que la política vuelva a la carga y que tome la vanguardia de los procesos de integración” expresó. 

 

A pesar de estas declaraciones, el factor económico asistencialista fue el hilo conductor del caudillo caribeño y sus seguidores (Ecuador, San Vicente, las Granadinas y Antigua, Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela) quienes, a manos llenas y abusando de sus mayorías circunstanciales en el ejercicio del poder, repartieron las dádivas del venezolano, y los recursos de sus Estados, sin otro criterio que ganarse la voluntad popular a punta de billetes.

Durante  la campaña electoral de noviembre, el candidato de la oposición, Henrique Capriles, acusó al Gobierno de Hugo Chávez de haber "regalado casi 170.000 millones de dólares a otros países al ritmo de 7.000 millones al año”. La satrapía cubana fue una de las más beneficiadas en la repartija. En 2008, Chávez otorgó 150 millones al gobierno cubano para reparar los daños ocasionados por los huracanes Ike y Gustav. El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), informó que por distintas vías se desembolsaron fondos públicos que costearon la ampliación de aeropuertos en la isla. Las cuentas a favor de los isleños consignan entre 100.000 y 115.000 barriles diarios de petróleo, que a los precios de mercado equivalen a 10 millones de dólares al día, y casi 300 millones de dólares mensuales. Otro rubro está constituido por la compra de servicios profesionales (médicos, maestros, asesores militares, etc.)  que  utilizan Venezuela y varios socios de la ALBA, y que reportan a Cuba unos 6.000 millones de dólares anuales, según cifras oficiales cubanas.  

Ecuador, recibió desde equipos para personas con discapacidad, pasando por  4 millones de dólares destinados a un nuevo canal de televisión y el regalo de seis aviones de combate Mirage-50. El reparto incluye 3.000 millones de dólares para que Argentina pagara su deuda con el FMI, en 2007, y otros 400 millones de dólares para la construcción de una planta de regasificación de gas licuado. Chávez y la ALBA también donaron 100 millones de dólares a Manuel Zelaya, Presidente de Honduras y 20 millones de dólares para un hospital en Uruguay.

El Banco Central de Nicaragua consigna que la cooperación de Venezuela había aumentado en 2011, un 147 con relación a 2007. En 2008 la ayuda venezolana alcanzaba los 457 millones de dólares, y en 2010 había ascendido a 511 millones (más de 15 por ciento respecto de 2009). Tal es la dependencia nicaragüense, que ante la eventual retirada de Chávez, un analista considera que “Ortega tendría que reportar esos ingresos al Parlamento y ya no tendría discrecionalidad para utilizar los fondos con fines partidarios o para negocios privados de venta de crudo y derivados a países como El Salvador y Guatemala", refiriéndose a los 500 millones de dólares anuales que el gobierno de Ortega maneja a través de empresas privadas.

Bolivia recibió 4 millones de dólares para un canal de televisión, fondos aún no cuantificados para usar bombillos chinos (focos) y ahorrar energía -en triangulación con Cuba- además de 170 ambulancias totalmente equipadas por un monto de 17 millones de dólares. Para la construcción de una planta de generación termoeléctrica de 100 MW, Chávez asignó a Bolivia 48 millones de dólares. En diciembre de 2010 el ex comandante general del Ejército de Bolivia y senador del MAS, Freddy Bersatti, admitió al diario Los Tiempos de Cochabamba haber recibido recursos venezolanos para obras militares como parte del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. Otros datos reportan que la deuda boliviana con Venezuela en 2005 alcanzaba a 380 millones de dólares y se habría incrementado aproximadamente en 800 por ciento para 2012.

“El dinero de la ALBA patrocinó una escuela de samba en el carnaval de Río de Janeiro, la recuperación de empresas en Uruguay, un estudio sobre la limpieza del río Hudson neoyorkino, la  banda "Puerto Rican Salsa and Bembé", y la cancha “La Bombonera” en Bolivia.”

La danza de los petrodólares, además de constituirse en instrumento operativo de la megalomanía chavista, buscaba el apoyo de sus socios en los escenarios internacionales como la OEA, la ONU y otros, a los que pretendía suplantar con la creación de instrumentos paralelos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UNASUR, validadoras de los desmanes y defensoras de las violaciones de los derechos ciudadanos de los Estados miembros (Informe Mattarolo sobre el Porvenir, Pando), y por supuesto, intencionalmente dirigidos a recomponer una bipolaridad geopolítica similar al escenario de la “guerra fría”.

Sin haberse cerrado aún las cuentas gubernamentales de la gestión 2012, los expertos venezolanos estiman que la deuda interna del Gobierno es de 43. 500 millones de dólares, mientras que la deuda interna asciende a 58.700 millones, es decir, el 28% del PIB. Pero sumada ésta a lo que adeuda Pdvsa (40.000 millones de dólares) el peso de la deuda alcanzaría al 40% del PIB. Venezuela está al borde de una inminente devaluación de su moneda y lleva a cuestas la segunda mayor inflación del mundo. Según los economistas del país caribeño, “el 2013 se iniciará con un presupuesto deficitario y reducciones en salud, educación, salarios y seguridad interna, pero se aumentará en fondos para Defensa, para los cuales habrá nuevo endeudamiento con Rusia”. La industria petrolera, su principal sustento, enfrenta grandes dificultades, no sólo por los accidentes ocurridos en sus principales plantas de refinación sino por su pérdida de competitividad. “Desde diciembre de 2011 hasta agosto de 2012 Venezuela había importado de Estados Unidos 17 mil barriles diarios de gasolina terminada, con un pico de 34 mil barriles diarios comprados en agosto. Pero en septiembre, luego de la explosión en la refinería Amuay y el incendio en la refinería El Palito, el promedio de importación de gasolina se elevó hasta 22 mil barriles diarios”… “Es posible que para 2015 Pdvsa apenas produzca petróleo para pagar la deuda con China…” reporta un experto petrolero.

Con la inminente retirada del caudillo, la ALBA inicia su ocaso, y la segura interrupción de la repartija de fondos públicos tiene en oración y vigilia permanente a los “ALBOS” acostumbrados al manirrotismo de su mentor. Luego vendrá la clarificación de las cuentas públicas y el correspondiente pase de facturas a los beneficiarios, quienes seguramente alegarán que lo recibido era peculio personal del presidente venezolano, como los ponchos patrimoniales de uno de sus socios. Otra factura deberán pagar los herederos del Socialismo del Siglo XXI, consistente en prescindir de los asesores cubanos y venezolanos que operan en áreas fundamentales de los Estados miembros de la ALBA, incrustados en los Bancos Centrales, fuerzas de inteligencia, Fuerzas Armadas, sistemas de cedulación, empadronamiento y cómputos electorales, comunicaciones y otras  áreas estratégicas como la de Hidrocarburos. 

Algunos temen que para quedarse, tales actores recurran a maniobras nada santas como la utilización de “redes de influencias”, que a estas alturas, tienen penetradas las más altas esferas del poder. Para los cubanos, mantenerse en espacios de decisión estratégica y manejar información privilegiada sobre opositores y gobernantes (los cubanos son los únicos que saben exactamente sobre la salud de Chávez) constituye una vía de supervivencia de la satrapía castrista necesitada de preservar las ventajas obtenidas, o morir de mengua económica. Para los socios de la ALBA “soberanos y dignos”, convivir con este supranacional entramado de intereses será un problema de gobernabilidad a corto plazo. Para los ciudadanos, desprotegidos a causa de la institucionalidad secuestrada por los “procesos de cambio”, cuelga como espada de Damocles el peligro de caer en redes de extorsión política. Y esto es sólo el principio del ocaso del ALBA.