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Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia
Las actuales generaciones de bolivianas y bolivianos tienen ante sí la responsabilidad histórica de combatir la pobreza y corregir las injusticias sociales y económicas que nos legaron casi dos siglos de demagogia populista,desde la fundación de la República. No pueden consumir sus energías en el aprendizaje estúpido de vivir en dictaduras, sean éstas de izquierdas, derechas, indígenas, campesinas o cualquiera que secuestre las libertades ciudadanas con disfraces democráticos.
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domingo, 30 de junio de 2013

Los "Indignados" y la crisis del Populismo

Asistimos casi incrédulos a la llamada “primavera árabe” que echara al traste rancias dictaduras como las de Omar Gadafi en Libia y Mubarak en Egipto. Una lucha sin cuartel se libra en Siria; la inconformidad gana las calles de Turquia, Grecia, Portugal y cruza el océano para llegar a Chile, Paraguay, Costa Rica y Brasil.

Sobre esta ola de descontentos, se han ensayado diversos análisis entre los que resaltan aquellos que atribuyen el movimiento a las clases medias y los sectores empresariales quienes – supuestamente temerosos de perder su condición de tales- interpelan a los Estados para no perder sus privilegios.

Pocos reconocen las señales de crisis del populismo y una irrupción contra los mitos que penalizan la economía de mercado en favor del capitalismo de Estado. El populismo promueve los modelos rentistas sobre la idea de que el Estado posee recursos suficientes para lograrlo todo y a corto plazo con la inyección de dinero público; repartiendo bonos y canongías sin exigir nada a cambio; amén de obras y programas que no obedecen a planes de desarrolllo social sostenible, sino a la búsqueda de dividendos políticos sin criterios de competitividad y costos de mercado.

Las clases medias y los sectores empresariales no surgen por efecto de bonificaciones estatales. Se desarrollan a lo largo del tiempo, superando dificultades y acumulando no sólo recursos económicos y financieros para la reinversión, sino también experiencias. Las clases medias y empresariales que emergen de una sociedad respetuosa de un mercado descentralizado con seguridad jurídica y reglas claras que permitan una tasa de ganancia que premie el esfuerzo creativo, no necesitan de los favores del Estado, ni “indignarse” por los cambios o avatares políticos hacia las “izquierdas” o las “derechas”. 

El Estado sí debe garantizar el acceso de los individuos a las oportunidades, recursos y servicios que otorgan la Ciencia, la Tecnología y la Cultura de la vida moderna para que puedan superarse por sí mismos. Debe permitir a los ciudadanos la libertad de construir instituciones fuertes –respetando el marco político, económico, jurídico, y educativo- que impidan a los gobernantes causar daños irreparables a la sociedad en el ejercicio de sus funciones. 

Las enormes diferencias entre las sociedades cuyos “indignados” protagonizan esta ola de descontentos indican que la situación no proviene únicamente de demandas individuales o sectoriales. La disponibilidad de información irrestricta circulando en las redes sociales, al alcance de todos, ha permitido que, ora por asociación comparativa, ora por reflexión, la ciudadanía advierta claramente las consecuencias funestas del populismo que asume como instrumentos el asistencialismo y el “bonismo” rentista. 

Ya no puede ocultarse que la Venezuela chavista de los petrodólares languidece por insuficiencia de recursos; la Cuba revolucionaria no se alimenta con las peroratas antiimperialistas; Nicaragua no puede vivir sin las dádivas venezolanas; Ecuador basa su sistema financiero en el dólar norteamericano y los mercados  capitalistas; en Brasil está aún fresco el “mensalâo” de los amigos cercanos a Lula, y a todos sin excepción -de una u otra forma- el populismo les está pasando factura. Una realidad que compara el discurso con la acción y los resultados de ésta.

La otrora “mala memoria” de los pueblos es ahora compensada por la información.  Una sociedad mejor informada es una sociedad más cuestionadora. Algo que varios regímenes de gobierno parecen haber previsto, habida cuenta de que han identificado a la libertad de expresión e información como sus principales enemigos y adversarios. 

domingo, 17 de febrero de 2013

REFLEXIONES CUARESMALES



Probablemente la Disposición Transitoria Primera (inciso ii) de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional que dice textualmente: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”, es ampliamente conocida por los bolivianos y bolivianas que observan incómodos los intentos del Presidente Evo Morales por ver legitimada su re reelección para un nuevo período constitucional. Pocos recordarán probablemente que dicha disposición -realizada por el Congreso en octubre de 2008- aprobada en el referendo constitucional del 15 de enero 2009, modificaba lo sancionado por la Asamblea Constituyente en 2007: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución no serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.

Una “maniobra envolvente” –Vice Presidente dixit– pretende zanjar el asunto al interpretar mañosamente que la CPE sería aplicable recién a partir del 22 de enero de 2010, con la renovación de los poderes públicos. Lo cual equivale a decir que desde 7 de febrero de 2009 hasta el 22 de enero de 2010, el país estuvo flotando en un limbo constitucional donde todo acto administrativo de las autoridades podría ser juzgado como nulo, pues la Disposición Final de la actual CPE reza que ésta “(…) entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial.” indicando al mismo tiempo, la aplicación de su eficacia normativa.
Ahora, los afanes reeleccionistas de Morales han elevado la materia a consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, junto a las facturas de lealtad, habida cuenta de que los tribunos fueron elegidos por el gobierno a través de su brazo legislador en la Asamblea Plurinacional y “legitimados” por votación popular que logró menos del 30% de aprobación de los votantes.

Materia tan importante debería ser resuelta en el marco del Artículo 7 de la CPE: “La soberanía reside en el pueblo boliviano (…) es inalienable e imprescriptible”, y el Artículo 11, inciso II.) “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa…”. Esta es la misma soberanía a la que se acudió en el referendo constitucional del 15 de enero de 2009.

Como puede verse, no existen “maniobras envolventes” si todo se hace en el marco de la Constitución que costó vidas humanas, meses de tensión social, cuantiosos recursos económicos y sobre todo, un ambiente de división entre los bolivianos que pareciera seguir flotando a medida en que las ambiciones de perpetuación en el poder pasan por encima de las leyes, o las corrompen para servirse de ellas.

Los que se van y los que se  quedan
“Triste suerte la de nuestra América…”, decía el desaparecido escritor y humanista venezolano Arturo Uslar Pietri, “…sus grandes hombres murieron jóvenes como Bolívar, como Sucre, como Martí. Sus dictadores, longevos…” La reflexión viene a cuento por la determinación de Benedicto XVI -el principal hombre de la Iglesia Católica en el mundo- quien en acto de suprema responsabilidad, ha decidido retirarse para dejar su lugar a otro Papa con mayor fuerza para enfrentar los desafíos contemporáneos de la Iglesia. Entretanto, Rafael Correa busca la re elección en Ecuador, Hugo Chávez sacrificó el resto de su salud y la salud económica, social y política de sus ciudadanos en una tercera reelección cuyos beneficios ejercen sus albaceas políticos. Ortega va por el mismo camino en Nicaragua, y Evo Morales busca lo suyo a pesar de la Constitución boliviana. Cristina Kirchner con seguridad, no resistirá la tentación.

En la hora de las sombras largas

Los recientes acontecimientos que vive el país han desempolvado, con razón, los pedidos recurrentes de mayores y más estrictas penas contra violadores y asesinos de mujeres. La figura del feminicidio vuelve a la palestra reforzada porque el más paradigmático de estos hechos fue perpetrado por un miembro de la Policía Nacional, integrante de una fuerza de élite (UTARC) que sirviera al gobierno plurinacional para acometer contra los supuestos “terroristas” comandados por Rózsa. La reciente víctima, Hanalí Haycho –una periodista- había reportado 5 denuncias previas por malos tratos sin ser escuchada por las autoridades. Dos camaradas del victimario, el Capitán Walter Andrade y Marilyn Vargas Villca, también miembros de la UTARC, y probados confidentes del gobierno en el caso Rózsa, gozan de sendos exilios dorados en alguna legación extranjera cobijados por la ALBA. Ya las aguas habían arrastrado consigo la masacre de El Porvenir, y revolcado los abusos de Chaparina. Ya las redes de extorsión que ejercían violencia desde el Ministerio de Gobierno se habían acallado, misteriosamente arropadas por un “silencio procesal” cargado de sospechas, cuando surgieron las voces de nuevas víctimas a pesar de los intentos por mantener las cosas bajo siete llaves. 

Pero se había sedimentado la sensación de que la violencia provenía de victimarios -de una u otra forma- portadores de algún tipo de autoridad.

Como individuos estamos expuestos a modelos de violencia en sus diversas manifestaciones. El hogar, la familia, las tradiciones, pueden ser portadoras de hábitos violentos, pero la vida en sociedad nos corrige. Las sociedades contemporáneas parecen percibir la violencia con mayor sensibilidad pues la información de que se dispone hace consciente al individuo sobre sus derechos, al ejercicio de sus libertades, y no sólo a defender la vida como acción instintiva. Si ésta percepción no es acompañada por las autoridades, por las instituciones del Estado, la violencia pasa a la actitud permanente y arraiga como cultura. 

La violencia a menudo está estrechamente vinculada con el poder, con la potestad de imponer la voluntad sobre los demás por la fuerza. No es casualidad que donde existen regímenes autoritarios la violencia se manifieste desde el Estado con el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza, o que la misma sociedad irrumpe y rebase esta capacidad de contención, ya sea traducida en inseguridad ciudadana, o en violencia callejera y doméstica.

Como ejemplo, en 2012 Venezuela registró 21.800 muertes violentas producto de la inseguridad ciudadana –más de 59 por día- y recientemente la Fundación Nueva Democracia, en estudio realizado durante septiembre 2011 y septiembre 2012, contabilizó 733 violaciones de los derechos humanos en Bolivia –casi tres por día, sólo en materia de derechos civiles y políticos- sin contar los casos de Leopoldo Fernández, el asilo político al que fuera obligado Roger Pinto, los 39 imputados por el caso Rózsa, los muertos de La Calancha, Huanuni, Hotel las Américas, ni los abusos perpetrados en Chaparina. No hay datos oficiales de Cuba pues la revolución abolió, hace 54 años, todos los derechos que podían ser violados por la dictadura. 
 
Evo Morales prometió convertir Bolivia en un país similar a suiza en 10 años. Ya pasan siete ¿apostamos a los tres restantes?


miércoles, 13 de febrero de 2013

NOVIA SANTA CRUZ



Cargando con la derrota beniana a cuestas, la campaña tempranera de Evo Morales parece apostar a la escasa memoria colectiva, que no obstante las promesas y habida cuenta de la historia reciente, ha despertado más de una desconfianza entre los orientales, pues no pocos han logrado vislumbrar su marca de fábrica: “a  Dios rezando y con el mazo dando”.

Como “etapa de enamoramiento” han sido calificados los recientes pasos del gobierno encaminados a un acercamiento con Santa Cruz, declarado éste por los resultados preliminares del Censo 2012 como el Departamento más poblado del país, y sin duda alguna, merecedor de la más numerosa representación parlamentaria y los más cuantiosos recursos económicos de acuerdo a ley. 

Según se ha visto, tales escarceos fueron precedidos con los nombramientos de las asambleístas cruceñas Gabriela Montaño y Betty Tejada como Presidentas de ambas Cámaras legislativas. El cortejo gubernamental para con una región que históricamente le ha sido electoralmente adversa incluye a la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías que habían defenestrado Alcaldes y Gobernadores de la oposición; la promulgación de una ley que permite ampliar la frontera agrícola -destinada a limar asperezas con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (CAINCO)- además de otros casos emblemáticos de alta sensibilidad como la detención domiciliaria de Leopoldo Fernández, y el traslado del Caso Rozsa a Santa Cruz. La andanada de zalamerías ha culminado, al menos en esta fase, con la declaratoria del Carnaval cruceño como Patrimonio Cultural, en fiesta que no deja dudas sobre los fines electoralistas del espectáculo.
Sin embargo, gran parte de los cruceños se ha percatado que los estrategas del gobierno -antes de iniciar el mariposeo- dejaron sentado claramente en sus bases de apoyo político el mensaje de que los objetivos estratégicos continuaban siendo inmutables, y que en el seno del MAS no caben titubeos. Las Presidentas de las Cámaras de Diputados y Senadores ya habían tomado cuenta de lo sucedido con su predecesora Rebeca Delgado, condenada al ostracismo por hablar con independencia de la consigna oficial, y el Vicepresidente Álvaro García Linera –para rematar el asunto- ha invitado a los “libre pensantes” a que abandonen el partido en aras del “centralismo democrático” imperante.
Los resquemores aumentan al observar que los sectores tradicionalmente afines al gobierno –SS y cocaleros- callan disciplinadamente, sabedores que hay una ruta previamente diseñada, que todo obedece a un plan de acción, que lo esencial no se modifica, y que tienen asegurado su papel estelar con la nueva Ley de Control Social que busca reducir a simples entelequias las Autonomías municipales y departamentales, y con ello el centralismo seguirá gozando de buena salud. La seducción a Santa Cruz no incluye el cambio del interino Contralor General del Estado, ex Diputado del MAS, para mayores señas. Por otra parte -afirman los incrédulos- se ha dejado en claro que la independencia de poderes no es asunto de ninguna agenda de requiebros, y de muestra están los casos Rozsa y Leopoldo Fernández cuyos giros condescendientes no hacen más que ratificar la sumisión del Órgano Judicial a las órdenes del Palacio Quemado. Cosa parecida –afirman- sucede en el ámbito internacional, pues Roger Pinto seguirá aguardando un salvoconducto, señal de línea dura para con un Brasil apurado en reducir los cocales chapareños e identificar el ADN de la cocaína boliviana; mientras Chile habrá de aguantar los vaivenes de  nuestra Cancillería para distraer la atención y ganar cohesión en torno al gobierno con la causa marítima ahora sazonada por la detención de tres soldados bolivianos.

En ámbitos cruceños circula la sospecha de que, preparando con antelación el escenario electoral, los estrategas del gobierno buscan la “constitucionalidad” de la re reelección de Evo Morales, e insisten en la aprobación de la Ley de Extinción de Bienes a Favor del Estado -¿acaso para “disuadir” candidatos?- ambos asuntos en manos de un Tribunal Constitucional “legitimado” por el reciente veredicto sobre la Ley Marco de Autonomías. Entretanto, el país no cuenta aún con una Ley de Inversiones que restablezca las garantías económicas. Así, -se malicia- estarían afinados los instrumentos para reducir a su mínima expresión las posibilidades del financiamiento y apoyo económico que necesitan los partidos de oposición, lo cual de ocurrir, haría cuesta arriba cualquier lucha electoral contra el gobierno que dispone, a total discreción, de los recursos del Estado y de los cocaleros. 

Ya se sospecha que “enamorando” a los cruceños el gobierno pretende bajar las tensiones en la región para ensamblar, sin mayores obstáculos, una gran maquinaria electoral para clonar votantes, camuflar “acarreos”, etc. con base en las áreas rurales de Santa Cruz, y con la misma “eficacia” que en las zonas rurales del Occidente. 

Es que con tanto arrumaco, hasta la novia desconfía.

domingo, 13 de enero de 2013

DESCHAVETADOS



Un Vicepresidente -cuya nominación tocaba a su fin junto con el período presidencial-embutido en un traje deportivo con los colores de la bandera cubana presidía la “juramentación del pueblo”, un acto inédito en el Continente y mediante el cual se consagraba la extraña Trinidad Pueblo-Chávez-Maduro. Desde el escenario armado sobre la amplísima Avenida Urdaneta de Caracas, Nicolás Maduro, el heredero oficial del Comandante, ponderaba las dotes del enfermo quien yace en La Habana secuestrado por sus otros fiduciarios: los que estarían dispuestos a utilizar cualquier artilugio con tal de mantener sin interrupción el flujo de petrodólares del cual depende la Revolución Cubana. Ya lo habían probado  mintiendo al caudillo sobre su salud para que éste se presentara como candidato a la reelección y lo demostraban ahora monopolizando su lecho de enfermo.

Sobre la calzada de la Avenida, los asistentes consultaban la hora para llegar a los supermercados en busca de harina de maíz, azúcar, aceite, medicamentos o papel higiénico, aunque temían encontrarse con los tristemente comunes anaqueles vacíos. En sus hogares esperaban el racionamiento de electricidad y agua. Con la noche vendría la sombra de las 21.000 personas asesinadas anualmente en las calles -a razón de 57 personas por día- que abarrotan las morgues de la República. 

Diosdado Cabello, el designado por la Constitución zarandeada por el Tribunal Supremo de Justicia, sonreía esperando su turno en el orden sucesorio. Desde el Estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, compañero de golpe de Chávez en 1992 siente que su hora ha llegado. Tanto Maduro como Cabello y Arias saben que tienen al frente una oposición fortalecida por la brusca constatación de la mortalidad del caudillo, y las maniobras que deberán sortear -uno frente al otro- para heredar el poder en una lucha sin cuartel donde cada cual ostenta pergaminos de igualdad.  

En la tarima, Evo Morales, José Mujica y Daniel Ortega observan el desplazamiento de los aviones Shukoi que cruzaban el cielo para recordar a los presentes el poderío de la Revolución Bolivariana dispuesta a arremeter contra el pueblo que la entronizó durante los últimos 14 años.

Prudentes, Cristina Kirchner y Rafael Correa no asisten al acto. La primera por no enredarse prematuramente en la trama de los hermanos Castro, a quienes visitará con el pretexto de ver  al amigo, y de paso –atribulada por las deudas- asegurarse que los albaceas testamentarios no cobren de inmediato los 3.000 millones de dólares que Chávez otorgara a la Argentina, en 2007, para que ésta  cancelara sus obligaciones financieras con el FMI; y el segundo, con la esperanza de copar el espacio político del Comandante sin entregarse a la avidez de los isleños. Dilma Rousseff respira hondo: le espera liderar sin sombras la geopolítica sudamericana, pero ejercer de pacificadora y mediadora con las facciones que abren paso al peligroso protagonismo de los cubanos. Evo Morales no tiene otra alternativa que buscar un nuevo mentor en la isla, no ve luces en Maduro ni confía en Cabello, tiene a Correa como contendor en el campo internacional y desconfía de su Vicepresidente, en el escenario interno. Pero necesita de la plataforma de los venezolanos para amainar las consecuencias externas e internas derivadas de sus compromisos con los cultivadores de coca, su más fuerte apoyo político. Mucho más con el liderazgo fortalecido de los brasileños molestos por el flujo ininterrumpido de droga boliviana.

Los más expectantes son Manuel Zelaya y Fernando Lugo. Ambos saben que por mucho menos de lo que están presenciando, se desató una tragedia en Honduras, y Paraguay fue cesado de participar en el Mercosur. Esperan si la ceremonia derivará en otro “caracazo” como aquel que  explotara a pocos días de la toma de posesión del ahora fenecido Carlos Andrés Pérez, en 1989, o la reversión del golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga, en 2002, luego que éste decidiera disolver el Congreso Nacional. Además, por ahí consiguen algunos fondos para sus campañas electorales futuras.

A todos los mueve el interés por sacar algo de aquel deschaveto: la multitud no quiere perder la casita prometida, el trabajo en Pdvesa, formar parte de las “misiones”, conseguir un espacio en las comunas, o preservar intactos los 15 bonos con los que asiste el gobierno a sus seguidores.  Los otros ambicionan heredar los activos del Socialismo del Siglo XXI, el pueblo se quedará con el 20% de inflación, la deuda externa superior a los 200 mil millones de dólares y la devaluación inminente de la moneda. Sólo hay que rogar a los cubanos que aguanten al enfermo unos días más, para ir arreglando las cosas. Por ahí hasta se evitan unas elecciones de resultados impredecibles. Después de todo,  Manuel Insulza ya bendijo el deschaveto: "el tema ha sido ya resuelto por los tres poderes del Estado"."Lo planteó el Ejecutivo, lo consideró el Legislativo y lo resolvió el Judicial", recalcó.  

“De aquí en adelante, por aclamación será”, pensó rápidamente Evo Morales, candidato a la re-reelección.

sábado, 29 de diciembre de 2012

A SIETE AÑOS DE GESTION



En noviembre pasado, Juan del Granado, otrora socio y aliado de su tocayo Juan Evo Morales, reclamaba que éste debería responder a los bolivianos por la malversación de la riqueza obtenida en siete años de ingresos extraordinarios derivados del altísimo valor de las materias primas alcanzadas en los mercados internacionales. “Son nada menos que 50.000 millones de dólares… que no  han sido convertidos en bienestar ni empleos dignos”, respuesta que a estas alturas del año, bien puede ser el respaldo de un informe de gestión.

Aunque el Sin Miedo no desglosa la cifra, ésta puede incluir el avión presidencial adquirido por 38,7 millones de dólares; sin contabilizar los gastos en combustible, sueldos y salarios para los pilotos -y por supuesto- alimentación, vestimenta deportiva, algunos extras y alojamientos para los miembros de la Selección de Fútbol del 94, con la que Evo Morales gusta jugar usando la “número 10” en la espalda, luego de cada inauguración de obra o entrega de cancha de pasto sintético. Los partidos son televisados por el Canal del Estado y transmitidos (¿) por un equipo de locutores deportivos. Al respecto, la Ministra de Comunicación informó que desde enero hasta octubre de 2012 se habían efectuado 483 trasmisiones (de los actos de entrega de obras) a un coste de 3,5 millones de dólares. A ese ritmo, en los siete años transcurridos, el coste total alcanzaría la suma de 24,5 millones de dólares.

Cualquier cálculo debió tomar en cuenta los dos helicópteros bimotores presidenciales comprados por 11 millones de dólares. Y, como un presidente del “Proceso de cambio” no puede salir desde una terminal vulgar y silvestre, se construye un hangar y su respectiva terminal con áreas privadas, seguridad, y sala de prensa en la Brigada Aérea de El Alto, la misma que tendrá un costo aproximado 1,6 millones de dólares. 

Incómodo por la pequeñez del histórico Palacio Quemado que diera cobijo a otros presidentes más mundanos -como su ex socio de andanzas, Carlos Meza- Evo Morales ha decidido construir la Casa Grande del Pueblo, un edificio que también albergará a tres ministerios en sus 12 pisos, un helipuerto, y que a solicitud del Ministro Choquehuanca, llevará motivos tihuanacotas ahora que empieza “el nuevo tiempo” y junto al sol marchan “los guerreros del arco iris”. Está por comprobarse si la Casa Grande del Pueblo va a sobrepasar ampliamente la suma de 50 millones de dólares como calculan algunos malpensados. 

Otras cifras que debieron ser contabilizadas por el “Sin Miedo” son los 7 millones de dólares, destinados al “Museo de la Revolución Democrática y Cultural” en actual construcción para la exposición de las fotos del solsticio de verano que se realizó en el Lago Titicaca al coste de 1 millón de dólares. Alguna cantidad se habrá averiguado sobre lo gastado anteriormente para el estadio y coliseo con capacidad para 5.000 espectadores donde podrán caber sin apretujarse los 173 habitantes de Orinoca, cuna del caudillo ubicada a 3.767 metros de altura sobre el nivel del mar.

Como antojos de Evo deberán sumarse la Fábrica de Úrea, Cartonbol, Papelbol, Lácteosbol y el Aeropuerto de Chimoré en Chapare. Junto a cerca de 20 empresas estatales, Evo también creó Emapa, Azucarbol y Ecebol (Empresa Pública Nacional Estratégica de Cemento), BOA y Eva que suman varios cientos de millones de dólares. No pueden olvidarse el satélite Tupac Katari (300 millones de dólares y no sabemos cuántos años de explotación exclusiva de litio por China), la carretera del TIPNIS (más de 600 millones de dólares) y el teleférico La Paz- El Alto (350 millones de dólares). 

Evo Morales y su gobierno no escatimaron recursos destinados al gasto corriente no productivo. Un estudio de la Fundación Jubileo revela que éste consume el 66% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y otras fuentes indicaban que hasta 2011, los hermanos MASistas habían incorporado 68.000 militantes “azules” en la administración central y las empresas públicas. Igual esfuerzo presidencial merecieron la deuda interna y externa que a saber de los economistas hoy sobrepasa los 10.000 millones de dólares.

Sin embargo, los resultados de esta danza de dólares son menos que exiguos, pues tanto dinero derrochado en gustitos personales elevados a rango de prioridades nacionales, no han redundado en otra cosa que una pléyade de funcionarios despistados y “giles” (Torrico dixit), quienes luego de siete años de ejercicio monopólico del gobierno son incapaces de distinguir un burro a medio metro ni mantener a resguardo la “cadena de mando” que se rompió en La Calancha, Caranavi, Chaparina, el asalto al Hotel Las Américas y las alcabalas de las redes de extorsión. En siete años de gastar el dinero de los bolivianos y bolivianas, ni Evo Morales ni sus ministros aprendieron a gobernar, peor aún, asumir  la responsabilidad por sus actos. 

Don Sin Miedo, al igual que yo, deberá concluir que los 50.000 millones de dólares que reclama a Evo Morales son plata perdida.