NOVIA SANTA CRUZ

Cargando con la derrota beniana a cuestas, la campaña tempranera de Evo Morales parece apostar a la escasa memoria colectiva, que no obstante las promesas y habida cuenta de la historia reciente, ha despertado más de una desconfianza entre los orientales, pues no pocos han logrado vislumbrar su marca de fábrica: “a  Dios rezando y con el mazo dando”.

Como “etapa de enamoramiento” han sido calificados los recientes pasos del gobierno encaminados a un acercamiento con Santa Cruz, declarado éste por los resultados preliminares del Censo 2012 como el Departamento más poblado del país, y sin duda alguna, merecedor de la más numerosa representación parlamentaria y los más cuantiosos recursos económicos de acuerdo a ley. 

Según se ha visto, tales escarceos fueron precedidos con los nombramientos de las asambleístas cruceñas Gabriela Montaño y Betty Tejada como Presidentas de ambas Cámaras legislativas. El cortejo gubernamental para con una región que históricamente le ha sido electoralmente adversa incluye a la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías que habían defenestrado Alcaldes y Gobernadores de la oposición; la promulgación de una ley que permite ampliar la frontera agrícola -destinada a limar asperezas con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (CAINCO)- además de otros casos emblemáticos de alta sensibilidad como la detención domiciliaria de Leopoldo Fernández, y el traslado del Caso Rozsa a Santa Cruz. La andanada de zalamerías ha culminado, al menos en esta fase, con la declaratoria del Carnaval cruceño como Patrimonio Cultural, en fiesta que no deja dudas sobre los fines electoralistas del espectáculo.

Sin embargo, gran parte de los cruceños se ha percatado que los estrategas del gobierno -antes de iniciar el mariposeo- dejaron sentado claramente en sus bases de apoyo político el mensaje de que los objetivos estratégicos continuaban siendo inmutables, y que en el seno del MAS no caben titubeos. Las Presidentas de las Cámaras de Diputados y Senadores ya habían tomado cuenta de lo sucedido con su predecesora Rebeca Delgado, condenada al ostracismo por hablar con independencia de la consigna oficial, y el Vicepresidente Álvaro García Linera –para rematar el asunto- ha invitado a los “libre pensantes” a que abandonen el partido en aras del “centralismo democrático” imperante.

Los resquemores aumentan al observar que los sectores tradicionalmente afines al gobierno –SS y cocaleros- callan disciplinadamente, sabedores que hay una ruta previamente diseñada, que todo obedece a un plan de acción, que lo esencial no se modifica, y que tienen asegurado su papel estelar con la nueva Ley de Control Social que busca reducir a simples entelequias las Autonomías municipales y departamentales, y con ello el centralismo seguirá gozando de buena salud. La seducción a Santa Cruz no incluye el cambio del interino Contralor General del Estado, ex Diputado del MAS, para mayores señas. Por otra parte -afirman los incrédulos- se ha dejado en claro que la independencia de poderes no es asunto de ninguna agenda de requiebros, y de muestra están los casos Rozsa y Leopoldo Fernández cuyos giros condescendientes no hacen más que ratificar la sumisión del Órgano Judicial a las órdenes del Palacio Quemado. Cosa parecida –afirman- sucede en el ámbito internacional, pues Roger Pinto seguirá aguardando un salvoconducto, señal de línea dura para con un Brasil apurado en reducir los cocales chapareños e identificar el ADN de la cocaína boliviana; mientras Chile habrá de aguantar los vaivenes de  nuestra Cancillería para distraer la atención y ganar cohesión en torno al gobierno con la causa marítima ahora sazonada por la detención de tres soldados bolivianos.

En ámbitos cruceños circula la sospecha de que, preparando con antelación el escenario electoral, los estrategas del gobierno buscan la “constitucionalidad” de la re reelección de Evo Morales, e insisten en la aprobación de la Ley de Extinción de Bienes a Favor del Estado -¿acaso para “disuadir” candidatos?- ambos asuntos en manos de un Tribunal Constitucional “legitimado” por el reciente veredicto sobre la Ley Marco de Autonomías. Entretanto, el país no cuenta aún con una Ley de Inversiones que restablezca las garantías económicas. Así, -se malicia- estarían afinados los instrumentos para reducir a su mínima expresión las posibilidades del financiamiento y apoyo económico que necesitan los partidos de oposición, lo cual de ocurrir, haría cuesta arriba cualquier lucha electoral contra el gobierno que dispone, a total discreción, de los recursos del Estado y de los cocaleros. 

Ya se sospecha que “enamorando” a los cruceños el gobierno pretende bajar las tensiones en la región para ensamblar, sin mayores obstáculos, una gran maquinaria electoral para clonar votantes, camuflar “acarreos”, etc. con base en las áreas rurales de Santa Cruz, y con la misma “eficacia” que en las zonas rurales del Occidente. 

Es que con tanto arrumaco, hasta la novia desconfía.