Está
claro que el Presidente del Estado Plurinacional no siente simpatía alguna por
los números. Más de una vez le vimos sudar la gota gorda al citar o leer alguna
cifra separada por puntos y seguida de varios ceros. Incluso en ocasión de las
fechas tuvo sus problemas y confundió el Tratado de 1904 con Chile, por un inexistente
Tratado de 1908.
Las
cifras acaban de dar otro dolor de cabeza al Presidente acostumbrado a echarnos
en cara su austeridad franciscana a la hora de recibir el salario y hacerlo
alcanzar para pagar sus deudas, cubrir sus gastos personales y hasta “hacer
donaciones”, según uno de sus portavoces. El
Presidente no ha sabido explicar adecuadamente por qué “… el (su) patrimonio neto se ha elevado en
un millón 925 mil y sus ingresos en ese mismo tiempo no superan el millón
trescientos, suponiendo que ahorrara el 100 por ciento de su salario (15 mil
bolivianos)”, como anotó un legislador
de oposición.
Prestos
saltaron los Ministros, Vice Ministros y Asambleístas afirmando que el
Presidente de los bolivianos era uno de los más pobres del Continente donde la viuda de Kirchner ha visto crecer su fortuna nueve veces y el Comandante Chávez tiene
destinados 9.000.000 de dólares para sus viajes. Algo que para otros no
deja de ser una redundancia habida cuenta de que, en Bolivia, el salario mínimo
es de 144 dólares mensuales, el sueldo promedio con dificultad llega a 546
dólares y el país se debate penosamente para salir a flote como el penúltimo en
pobreza, superado únicamente por Haití.
No
obstante las dudas amenazan con echar por la borda la credibilidad de quien
ascendiera al poder rodeado por un hálito de honradez a toda prueba y con el
discurso de que la oposición tenía el monopolio exclusivo de la corrupción y la
falta de transparencia. Tal vez las susceptibilidades surgen porque la
revelación del patrimonio presidencial se divulga justo en el momento en que se
discutía una Ley de Extinción de Dominio,
de dudosa utilidad pública, pero de draconiano cumplimiento –algunos temen
dirigida a los opositores- y según la cual, aplicados los 5 días para probar la
licitud de un patrimonio, haría del Primer Mandatario, el primer damnificado.
Sin
duda que juega un papel importante en esta percepción ciudadana el hecho de que
se haya vuelto una costumbre gubernamental las compras y las contrataciones de
obras por vía de excepción, como el avión presidencial, dos helicópteros para
su desplazamiento personal, el teleférico La Paz-El Alto, la carretera Villa
Tunari-San Ignacio de Moxos, la compra del satélite Tupak Katari, el manejo
desprolijo de los fondos del programa “Evo Cumple” y probablemente la
construcción de la nueva y esperada Casa Mayor del Pueblo, por citar algunos
casos. Por contraste, la ciudadanía recuerda que el ex Alcalde de la Villa
Imperial de Potosí, René Joaquino, fue imputado y destituido por autorizar la compra de seis autos y maquinaria usada -con lo que
esperaba ahorrarle recursos a la Alcaldía potosina- con un monto que alcanzaba los 800 mil
bolivianos, es decir, menos de la mitad del desfase en las cuentas
presidenciales.
Las cuentas juegan un papel importante en la vida
de las personas, sobre todo, si éstas tienen que ver con algún tipo de
patrimonio insustituible como la libertad.
Si sacamos cuentas, el Gobernador de Pando,
Leopoldo Fernández guarda detención, sin juicio alguno, la cantidad de 1.460
días y sus noches. Desde el 16 de abril de 2009 corren poco menos de
1.275 días que 39 ciudadanos
bolivianos acusados de “terrorismo separatista” esperan terminar con el
peregrinaje que acompaña su juicio. Contabilidades similares debe guardar el Senador Roger Pinto en las
instalaciones de la Embajada del Brasil en espera de un salvoconducto.
Para tranquilidad de sus seguidores, el Presidente
declaró: "¿Yo, qué culpa tengo? Si el pueblo me regala y
regala, el patrimonio va seguir creciendo". Pero las interrogantes continúan y ahora
recurren a la famosa Ley de Lucha contra la Corrupción,
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”
que señala: “el servidor público o autoridad que en consideración a su cargo
admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con privación de libertad
de tres a ocho años y multa de 100 a 250 días”. No falta quien opina que en el
caso de la Primera Magistratura, los regalos no pertenecen a la persona, sino al
Estado, y no pueden ser declarados como parte del patrimonio de quien la ejerce
circunstancialmente.
Declaraciones
van y vienen y hasta el ex Rector de la Universidad “Gabriel René Moreno”,
Reimy Ferreira se dignó participar entre los opinadores: “Lo importante es que
este presidente no tiene cuentas en el exterior, que mandatarios de antes ni
las declaraban. Estoy seguro de que el patrimonio del presidente es honesto. Lo
demás no es un tema de discusión relevante…”. Queda pendiente saber si los Rectores también contabilizan
los regalos como patrimonios privados.
Con
toda seguridad debe estar saltando en una pata el famoso “Viejo”, el testigo
clave del caso Rozsa, quien en virtud a las últimas justificaciones
presidenciales, no tendrá que dar explicaciones por los 31.500 dólares que
recibiera como regalo de manos de personeros del Ministerio de Gobierno, a su
vez recibidos de algún Mecenas anónimo, pues es bien sabido que en esta gestión
del Proceso de Cambio no existen fondos para las “Partidas Secretas” y los
“Gastos Reservados”.
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