Lo que Morales no dijo

El discurso presidencial celebrando los 4 años de existencia del Estado Plurinacional empezó con un curioso paseo por la historia. Evo Morales se refirió a los golpes de Estado de los 80’s, como si éstos hubieran contado con la total aprobación de los actores políticos de la época. No dijo que, tanto García Meza, como su segundo al mando, fueron condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto, y que los bolivianos habíamos recuperado la democracia no por inercia histórica, sino por voluntad y vocación democrática.

Habló de la inestabilidad política. Ni una palabra acerca de los bloqueos de carreteras; sitiajes al Congreso Nacional para obligar decisiones; enfrentamientos armados en los campos cocaleros, y tantas hazañas del MAS opositor que hicieran de Bolivia un país ingobernable. Morales no dijo que el bochinche fue tal, que muchos apostaron con su voto a que -con el bloquedor gobernando- vendría la anhelada tranquilidad al país. 

Morales pasó a resaltar la “bonanza” económica resultante de las políticas nacionalizadoras emprendidas por el Proceso de Cambio. No dijo que ésta es herencia de la privatización empezada en los años 90’s cuyos campos y pozos gasíferos permiten la producción actual que se vende al Brasil, mercado abierto por contratos suscritos también durante los gobiernos neoliberales. No dijo que los precios del gas, antes a 0.90 cts. escalaron a más de diez dólares americanos en virtud a las leyes de Oferta y Demanda (principales leyes del Capitalismo del que tanto abomina). Tampoco dijo que su gobierno es beneficiario de la Ley de Hidrocarburos promulgada por Hormando Vaca Díez.

Como era de esperarse, el Presidente embistió contra el Imperio pero no dijo que Yungas y Chapare han recibido -por concepto de erradicación de cultivos de coca excedentaria y Desarrollo Alternativo- más del monto que el Plan Marshall dispusiera para recuperar la economía de la Europa post Segunda Guerra Mundial.

Morales reconoció deficiencias en sus planes de industrializar los recursos naturales. Nos quedamos esperando a que nos diga si la instalación de la fábrica de úrea en el Chapare –tan distante de los mercados agrícolas nacionales y brasileños- proporciona ventajas comparativas para que esta producción sea absorbida por los cercanísimos sembradíos cocaleros. En materia de corrupción el Presidente no dijo si este flajelo había disminuido con la contratación y la compra por adjudicación directa de obras, bienes y servicios, y con un ex Diputado del partido de gobierno fungiendo como Contralor General. Pareciera que haber declarado que sus Ministros son incorruptibles había bastado para despejar cualquier duda. 

Morales leyó un larguísimo conjunto de cifras para exponer logros económicos sin decir el por qué finanzas públicas tan bonancibles se acompañan del mayor endeudamiento histórico del Estado. No dijo que Bolivia aùn es considerado el país más pobre del Continente superando únicamente a Haiti, un país sin recursos, asolado por fenómenos naturales y que comparte una pequeña isla caribeña junto con República Dominicana.

Morales no dijo si la inseguridad reinante en nuestras ciudades es el “menor de los males” frente a la alternativa de combatir abierta y decididamente al narcotráfico, lucha que podría derivar en un estado de situación similar al de Mexico, habida cuenta del crecimiento del poder, penetración social, y recursos acumulados por esta actividad durante los últimos años.

No dijo mucho sobre la Justicia, no habló del deterioro creciente de los Derechos Humanos, del Estado de Derecho y la Libertad de Expresión. Morales no dijo que la inclusión de la que hace gala, es una cadena que empieza discriminando entre mestizos e indígenas de Tierras Altas y Tierras Bajas, pretende “descolonizar” lo europeo, termina imponiendo la visión aimara sobre la plurinacionalidad, y conforma a la periferia -convertida en sectores sociales- otorgándole impunidad de facto.

Preocupa lo que dijo y lo que no dijo el Presidente.

Reconocer falencias en su gestión pero mantener inalterado su equipo ministerial, es señal de que el MAS carece de figuras de relevo y nos espera más de lo mismo. Morales no dijo si terminaremos pagando facturas por beneficios que la mayoría de los bolivianos sólo encuentran en los discursos presidenciales.

Tal parece que no son suficientes cuatro horas y treinta y ocho minutos para que Morales diga lo que no dijo.

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EL CHAPULIN COLORADO

Mientras  estábamos distraídos en las reelecciones de Chávez y Barack Obama, una elección en el seno de las Naciones Unidas (cuya Declaración Universal cumplirá el 10 de diciembre próximo, 64 años de adopción y promulgación) permitía la presencia de Venezuela como integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Venezuela lleva consigo la triste historia de haber desacatado 55 recomendaciones de la ONU durante los últimos cinco años; además de su retiro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el argumento de que los organismos internacionales no pueden inmiscuirse en asuntos internos de los Estados.

Thor Halvorssen, presidente de Human Rights Foundation, vaticinó que los representantes de Venezuela se dedicarían a bloquear con “procedimientos técnicos y artimañas” cualquier intento de denunciar violaciones “en su país o de sus aliados”. Es de suponer que Halvorssen incluye entre ellos a Bolivia, con cuyo gobierno Venezuela comparte una amplia gama de metas ideológicas, y artimañas administrativas y jurídicas para perpetuarse en el poder a costa de los Derechos Humanos de sus sociedades.

Los países aliados de Venezuela (Bolivia, Nicaragua, Cuba y Ecuador) agrupados en el llamado Socialismo del Siglo XXI, no guardan precisamente respeto por los principios de independencia y autonomía de poderes; y por el contrario, patentizan un largo rosario de cuentas pendientes con la democracia y los Derechos Humanos. Todos ellos en uno u otro momento han tratado de limitar la libertad de expresión, las libertades económicas, judicializar la política en contra de sus opositores y en general socavar el Estado Social de Derecho.

El Socialismo del Siglo XXI, por ejemplo, no proscribe el derecho a la propiedad privada; aunque promueve las invasiones de tierras, las expropiaciones y las confiscaciones en nombre de “la recuperación de los recursos para el Estado y las clases desposeídas y explotadas”, permitiendo que la propiedad privada pueda ser ejercida de facto.

Bolivia ostenta un Tribunal Constitucional elegido por “voto popular” de entre un conjunto de juristas escogidos a su vez por la mayoría política en ejercicio de gobierno, y bajo criterios y circunstancias ampliamente cuestionados; amén del Fiscal General, otrora representante del partido gobernante en la Asamblea Constituyente. La Contraloría General –ejercida por quien fuera Diputado del MAS- y la Fiscalía General, han servido para hostigar a los Gobernadores de Tarija (Mario Cossio) y Santa Cruz (Rubén Costas). Igual suerte corrieron los ex Gobernadores de Pando (Leopoldo Fernández), Cochabamba (Manfred Reyes Villa), Beni (Ernesto Suárez) y Chuquisaca (Savina Cuellar); pasando también sobre Alcaldes, Concejales, sector privado empresarial, Medios de Comunicación, Iglesia Católica y ciudadanía en general.  

Por si esto fuera poco, el Órgano Electoral, encargado constitucionalmente de velar por la transparencia de los procesos eleccionarios y la voluntad popular expresada en los votos – también Derechos Humanos- no cumple sus funciones puesto que, según Ernesto  Suárez Sattori, “la actual vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental, Jenny Dely Suárez, es la esposa del jefe de campaña del MAS para esta elección departamental. Además denunció que el presidente del organismo electoral en el Beni, Carlos Ortiz Quezada fue delegado de la candidata Jessica Jordan en una pasada elección”.

El Estado Plurinacional asigna un esmirriado 0.13% del Presupuesto General para el Poder Judicial, afirmación del jurista William Herrera. No es de extrañar entonces que "actualmente entre el 83 y 85 por ciento de las personas privadas de libertad son detenidos preventivos. Solamente en un rango de 12 a 15 por ciento tienen sentencia condenatoria", tal como afirmara el Ministro de Gobierno recientemente. Con este presupuesto, se deben atender causas provenientes de la inseguridad ciudadana que campea a diestra y siniestra, los efectos del narcotráfico, y otros atingentes al hampa común. Habría que agregar el costo de poner fiscales a “defender” personeros del gobierno del “desacato” o su nueva tipificación como “injuria agravada” (Vicepresidente dixit) y los desplazamientos de funcionarios del Órgano Judicial que acompañan a la extradición de Goni Sánchez o la parafernalia que niega los principios del debido proceso en el caso del llamado “Terrorismo Separatista”.

En este ambiente enrarecido se pergeña la llamada ley de extinción de dominio a favor del Estado, cuyos contenidos han levantado más de una susceptibilidad. El Artículo 3 de la misma indica: “II. La acción administrativa de extinción de dominio de bienes a favor del estado es independiente, especial, no jurisdiccional, de aplicación preferente a cualquier acción que se haya iniciado, sin necesidad de sentencia penal previa contra la o el titular del bien. De igual forma, el Artículo 10 señala: “2. La sub Procuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado otorgarán un plazo de cinco (5) días hábiles administrativos para que se presenten los descargos que correspondan, computables a partir de la notificación  a la propietaria, propietario, poseedor o poseedora”

Sería pecar de ingenuos el no recelar sobre la aplicación de la proyectada Ley cuando el copamiento institucional derivó en que la Ley anti racismo y discriminación tiene el objetivo de privilegiar el pensamiento único (…”si alguna vez vuelven los k’aras… pobre Bolivia”, ha dicho García Linera), y la Ley de la Madre Tierra pretende sentar la mano sobre las industria agropecuaria del Oriente.Son ya conocidos los efectos que trajo consigo la Ley Marco de Autonomías para “poner en cintura” a cualquier autoridad electa con la simple acusación formal de un Fiscal del Ministerio Público.

Los procedimientos dicen que las causas deben agotar las instancias legales vigentes en cada país antes de ser elevadas a los organismos internacionales para su consideración en atención a que: “1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". Al respecto, un fiscal del Ministerio Público, molesto con los representantes legales de varios procesados por terrorismo, afirmó enfático:"En la antigua Constitución Política del Estado se valoraba la vida, ahora en esta nueva es patria o muerte".Gualberto Cusi, miembro del Tribunal Constitucional aguarda castigo por haber salido del redil al indicar que los indígenas del TIPNIS deberían acudir ante organismos internacionales porque los bolivianos no garantizan justicia. 

El panorama descrito debería constituir argumento suficiente para comprobar hasta la saciedad que en Bolivia cualquier recurso legal no contará con las garantías del debido proceso, la igualdad procesal y el juicio justo. La recurrencia a tribunales internacionales debería ser activada en forma expedita y sin el preámbulo de las instancias internas que, en el mejor de los casos, atentan contra los principios de celeridad y oportunidad de la ley. Recordemos que los indígenas del TIPNIS esperan impacientes a que sean reconocidos los derechos de preservar su territorio y sancionados los autores de las agresiones sufridas en Chaparina. Las víctimas del caso Porvenir ni siquiera han merecido titulares en los periódicos, olímpicamente olvidados por el Estado Plurinacional y por una sociedad adormecida en su complicidad silenciosa.

Ahora, como una espina de pescado atravesada en la garganta, nos espera Venezuela, flamante miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Países como Bolivia, obligados por una ineludible responsabilidad histórica a marchar rumbo a mejores condiciones de vida, insertos desfavorablemente en un mundo globalizado; amenazados por la pobreza recurrente y con el desafío permanente de corregir las injusticias sociales y económicas, no pueden consumir sus energías en el aprendizaje estúpido de vivir en dictaduras, sean éstas de izquierdas, indígenas, campesinas o cualquier sector social que las cubran con disfraz democrático.  

¿Por qué pelearnos contra imperios y otros artificios de las mentes calenturientas que no han logrado trascender los discursos de los años 70? Aquí, en territorio boliviano están los desafíos para defender nuestros Derechos Humanos, individuales y colectivos. Los organismos internacionales son necesarios, pero no suficientes si cada acto de nuestras vidas -públicos y privados- lleva el temor y la impotencia que sufren quienes deben recurrir al personaje cuyo nombre encabeza este articulo, con el conocido grito: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”