Aún
calientes los asientos que ocuparon los Ministros y los representantes de la
COB para firmar un “cuarto intermedio” en torno a la Ley de Pensiones -cuyo
tratamiento fuera premeditadamente retardado en función de distraer la atención
pública sobre el “profundo análisis” que realizaba el TCP a la Ley
Interpretativa de la CPE que permitiera a Evo Morales postular a una tercera
candidatura presidencial- los sectores sociales afines al partido de gobierno
se aprestaban a su proclamación anticipada, por encima de la Ley y reglamentos de
campañas electorales en vigencia.
Para
no “contaminar” su imagen con las calles atestadas de manifestantes y las
carreteras bloqueadas, ya el presidente Morales había efectuado su consabido
viaje táctico fuera del país, esta vez en visita al “imperio” en busca de Jimmy
Carter, pretextando apoyo para la causa marítima.
El
presidente viajó a Ecuador, donde Correa, otro de los miembros del ALBA tomaba
posesión del tercer período presidencial en medio de una serie de acusaciones
sobre los atentados gubernamentales contra la libertad de expresión. Retornó al
lado de Maduro, tal vez inquieto porque Venezuela, con las cuentas públicas
sobregiradas, no ve otra opción que pedir algo a cambio de la alfombra millonaria
con la que su antecesor Hugo Chávez tapizara el camino de sus aliados del Socialismo
del Siglo XXI.
Sin
embargo, el TCP dejó en suspenso la re elección de Gobernadores con la
intención de obligar a Rubén Costas a no repetir y entrar a la lucha por la
candidatura nacional. Allí lo esperan con los resultados del censo 2012 y la
problemática en torno a recursos y curules, batalla en la que el gobierno no
escatimará esfuerzos por echar leña con que malquistar al Oriente con el
Occidente. Si Costas no participa, pierde apoyo en su región; si lo hace, se
inviabiliza en Occidente. Juan del Granado y Samuel Doria Medina, al igual que
Victor H. Cárdenas o cualquier otro, tendrán que afrontar la campaña en el
mismo escenario polarizado.
A la
vuelta de la esquina también aguardan más de 60 juicios inventados contra los
opositores (Costas 22; J. del Granado 12; Cossío 10; Suarez Sattori 8; Doria
Medina 12; etc.) para “distraerlos” de la campaña con innumerables audiencias,
y una probable sentencia judicial a cada uno, pergeñada al filo del tiempo para
dejar las candidaturas descabezadas y sin lugar a la escogencia de suplentes
con peso político específico, y oportunidad de competir en igualdad de
condiciones.
El
escenario se completa con las “maniobras envolventes” del Organo Electoral
Plurinacional y el SEGIP - en manos de reconocidos afines al MAS- es decir, padrón
electoral, depuraciones y control de votaciones, y procesos de cedulación
respectivamente. Es tal la seguridad del gobierno de haber logrado sus propósitos,
que adelantarán la fecha de las elecciones, pues ello servirá posteriormente
para alegar que no se cumplió con la totalidad del período presidencial y que
don Evo Morales Aima podrá optar a la presidencia por cuarta vez.
Entretanto,
los opositores compiten en su mutuo afán de descalificarse, y nadie parece
recordar a los 230 parlamentarios latinoamericanos quienes en su momento
-aunque tarde- se pronunciaron porque en
Venezuela se realizaran elecciones transparentes. Buen punto de partida para
que desde ahora se pueda conformar, a petición de las fuerzas democráticas del
Continente, una comisión internacional de seguimiento y auditoría de los
procesos electorales en todas sus instancias.
El escenario está puesto. Los actores tienen la palabra.
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