EL EMBAJADOR PENN SE SALIO DE PROTOCOLO

El Embajador Sean Penn, ganador de dos Oscar de la Academia, abandonó el protocolo de los acullicos, y vestido cual transeúnte cualquiera, traspasó las puertas de la ciudadela penal de Palmasola para visitar a su compatriota Jacob Ostreicher. Le recibieron 18 meses temblorosos de cautiverio confinados en una silla de ruedas.  Y se desató el pandemónium que hasta ahora involucra a altos personeros de los Ministerios de la Presidencia y Gobierno, además de jueces y fiscales agavillados en  una red de tráfico de influencias, chantajes y presiones contra personas procesadas por delitos penales y políticos que involucran la extraña coincidencia de intereses particulares con “causas de Estado”. Todas tan importantes que días atrás habían motivado al Fiscal del Ministerio Público designado al caso terrorismo, Sergio Céspedes, expresar que "En la antigua Constitución Política del Estado se valoraba la vida, ahora en esta nueva es patria o muerte”. 

Probablemente Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, durante años responsables de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno -quienes acompañaban al susodicho fiscal durante la audiencia a 39 ciudadanos acusados de terrorismo- recibieron esta declaración como el leit motiv justificador de su accionar.   

Los efectos del tsunami están tocando puertas en de las oficinas de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), ya vapuleada previamente por la repartija incontrolada que dotó de vehículo al asambleísta Lucio Vedia, y de casa al funcionario Benigno Vargas. Las aguas procelosas salpican los entretelones montados contra dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por el secuestro del Canciller David Choquehuanca y la impunidad de los responsables por los atropellos de Chaparina. 

Al parecer estamos frente a la punta de un iceberg de tamaño descomunal. Mucho más si se recuerdan las grabaciones en audios y vídeos que de cuando en cuando se filtran para conocimiento de la opinión pública. “La bancada opositora de Convergencia recordó que el senador Róger Pinto presentó el 15 de abril de 2011 un audio en el que se escuchaban las voces del abogado Dennis Rodas y “posiblemente”, de Fernando Rivera… junto a un fiscal y una abogada que posteriormente le iniciaron procesos penales (contra Pinto) “tramaban de manera descarada la conducción judicial de los casos terrorismo y Porvenir, así como la forma de controlar la Corte Suprema de Justicia”, reza un comunicado del 29 de noviembre. El Senador Pinto aún espera por un Salvoconducto para salir de la Embajada brasileña donde solicitó asilo tras habérsele abierto más de 20 procesos judiciales, entre ellos cinco por desacato, y dos por sedición y desacato.

En el Ministerio de Gobierno se cobijó sin ningún problema el General Sanabria -hasta que intervino la Justicia chilena- quien guarda detención en las cárceles de los EE.UU. acusado de narcotráfico. Hace poco tiempo fue sorprendido al “representante” de un Senador del Estado Plurinacional quien hacía de gestor para la instalación de casinos y casas de juego. Frente a los 52 avasallamientos de tierras que sufre el Departamento Santa Cruz, se habla de extorsiones a manera de “vacunas” para no ser afectados; situación que comparten varios ciudadanos extranjeros en la frontera con Brasil. Fuimos testigos de una grabación en la que un Asambleísta Departamental gestionaba el desalojo de tierras de comunidades menonitas ocupadas,  a cambio de una jugosa cantidad de dinero.  

Tales denuncias tienen el nauseabundo olor de las “relaciones peligrosas” que parecen ser predilección de los administradores del proceso de cambio: el otrora testigo clave del caso terrorismo Ricardo Villa Vargas, alias “El Viejo” declaró que trabajaba para el gobierno con Luis Nolberto Clavijo, el capitán Wálter Andrade y la policía Marilyn Vargas Villca, alias “Karen”, quienes colocaron – según “el Viejo”- los explosivos en las casas de un Concejal de Santa Cruz y del Monseñor Cardenal Terrazas. El Oficial George Peter Nava, un año atrás había colocado un artefacto explosivo en las oficinas de la Red UNITEL en Yacuiba (Tarija), medio televisivo varias veces señalado por el Presidente Evo Morales como su principal opositor político.

“El ex abogado del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío … propició que la colombiana Claudia Rodríguez, aprehendida por narcotráfico, se acerque al empresario Jacob Ostreicher para que éste compre propiedades del traficante brasileño Maximiliano Dorado y así implicarlo en tráfico de drogas”,  señala un noticiero.

Otra grabación difundida por los medios de comunicación arroja indicios sobre una “relación peligrosa” entre el Ministro de la Presidencia (el mismo de los 33 camiones de contrabando) y el narcotraficante Mauro Vásquez Guerra, alias “Mauro” -detenido recientemente en Pando a instancias de las autoridades brasileñas- en torno a la reclusión y condena judicial de Leopoldo Fernández.

Tal parece que no existen fronteras cuando de aplastar al adversario se trata. Ya habíamos visto tal férrea decisión del partido de gobierno en los sucesos de Chaparina para atacar sin misericordia a los indígenas del TIPNIS y años antes -con defunciones de por medio- las jornadas de La Calancha, en Sucre, para aprobar el texto de la nueva Constitución.

La Justicia recién estrenada con el “voto popular” no se libra del descalabro. Para juristas y legos constituye una rareza que funcionarios de otro poder del Estado, ungidos por un “Poder Legal” manejaran a jueces y fiscales como a sus muchachos de mandado. Tal como sorprende que el actual Ministro, autor de tesis y publicaciones según le espetó a la Presidenta de la Cámara de Diputados, haya pasado por alto que dicho Poder debería ser renovado por el nuevo titular de la cartera de Estado, a menos que éste hubiera rubricado su aval.   

El tsunami aún no ha tocado un pelo del narcotráfico cuya capacidad para penetrar y establecer vínculos con niveles de decisión es conocida por todo el mundo. 

Pero nadie vio ni escuchó nada durante siete años.

En este Estado Plurinacional cuyo vicepresidente se da a la tarea de monitorear cuentas de Twitter y Facebook en busca de castigar a quienes hablan mal del Presidente, la alacena estaba llena de ratones pero el queso no faltaba. 

O tal vez el gobierno no quiere ocuparse de cosas tan desagradables, habiendo partidos de fútbol y entregas de canchas con pasto sintético. Tal vez no queda tiempo al Presidente, preocupado en la construcción del Museo Evo Morales, en Orinoca, al costo de Bs.47 millones (7 millones de dólares) y las celebraciones del Solsticio de verano en la Isla del Sol (1 millón de dólares) donde se celebrará “el fin del no tiempo y la llegada de un tiempo nuevo, marcado por el vivir bien en armonía con la Madre Tierra” a quien se quiere herir de muerte con una carretera que atraviesa un Parque Nacional y Territorio Indígena.

No es de extrañar que, con un jefe tan “preocupado” por los niveles de corrupción, pero “ocupado” en gastar los recursos del Estado Plurimillonario, el Embajador Penn se haya salido del protocolo. Yo le daría otro Oscar.

Sean Penn y el Acullico

Ahora que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha designado al actor norteamericano Sean Penn como Embajador, entre otras cosas, Encargado de la Defensa del Acullico, es pertinente que los bolivianos y bolivianas le informemos adecuadamente sobre la materia de la que se ha hecho cargo.  

El Embajador Penn deberá enterarse que el acullico era una práctica regular entre los tiahuanacotas, como lo muestran asentamientos datados entre los años 374 y 1.187 de nuestra era y detallados por el arqueólogo Jorge Ponce Sanginés. Durante el Imperio Incaico, lo practicaban el Inca, sus parientes y algunas autoridades de alto rango con propósitos ceremoniales. La Colonia Española extendió el acullico en las minas de Potosí; y durante la República, los Barones del Estaño (Patiño, Hotschild y Aramayo) lo usaron para mitigar el frío extremo, el hambre y el cansancio, y así aumentar el rendimiento de la mano de obra minera en los socavones de donde se extraía el mineral.

El acullicador selecciona un cierto número de hojas, las tritura un poco (aunque ahora vienen en polvo) y forma un bolo en la cavidad bucal. Una vez que las hojas o el polvo se encuentran humedecidos, lo mezcla con un reactivo alcalino llamado llujta, llipta o lejía (más comúnmente  bicarbonato de sodio). Con el masticado inicia un proceso que, unido a la salivación y la acción de los jugos gástricos estomacales, liberara los alcaloides contenidos en la hoja.

Recientemente el canciller Choquehuanca explicó que las Convenciones de la ONU que se refieren a la hoja de coca son contradictorias. “... la Convención del 88 permite el acullico de la hoja de coca en lugares donde existe evidencia histórica”.

Suponemos que tal evidencia histórica no podría ser aquella referida en las llamadas “Ordenanzas de la Coca” promulgadas por el Virrey Don Francisco de Toledo: “… item: Porque los indios que entran en los dichos Andes al beneficio de la dicha coca, suelen vender la comida de maíz que les dan para ello, para comprar coca, de que reciben gran daño en su salud por faltarles la comida; Ordeno y mando: que ningún español, ni mestizo, mulato, ni negro, ni otro indio les compre la comida, so pena al español de veinte pesos y del destierro de la dicha provincia por seis meses , y al negro ó mulato ó indio que la comprare, le sean dados cien azotes , y al indio que la vendiere, otros tantos…” (Toledo Ordenanzas, 3 oct. 1572 Relaciones de los Virreyes y Audiencias que han gobernado el Perú. Tomo Primero de la Ordenanzas del Perú dirigidas al Rey, Nuestro Señor en su Real Consejo de Indias. Por mano del Exmo. Sr. D. Melchor de Navarra. Recopiladas y coordinadas por el Lic. Thomas de Ballesteros, 1685. Reimpreso en Lima. Imprenta de Francisco Sobrino y Badós, 1752).

Menos delicadamente, Howard B. Fonda, designado por el ECOSOC como Jefe de la Comisión de las Naciones Unidas de Investigación sobre la Hoja de Coca -previo a sus investigaciones en Perú y Bolivia- quien concedió una entrevista en Lima, en septiembre de 1949, declaró: “Creemos que el uso diario de hojas de coca a través de su masticación… no sólo es altamente dañino y por eso perjudicial, pero además es la causa de la degeneración racial en muchos centros de población, y de la decadencia que visiblemente muestran numerosos indios e incluso algunos mestizos, en ciertas zonas de Perú y Bolivia. Nuestros estudios confirmarán la certeza de nuestras afirmaciones y esperamos que podamos presentar un plan racional de acción… para lograr la absoluta abolición de este hábito pernicioso”.

En 1992, la 28ª sesión del Comité de Expertos en Drogodependencia de la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un “examen preliminar” de la hoja de coca. El informe concluyó que, “la clasificación de la hoja de coca bajo los esquemas de la Convención Única fue apropiada, por ser fácilmente extractable la cocaína de la hoja”. Dicho Comité no se molestó en reconfirmar si el masticado de las hojas era una práctica peligrosa, sino simplemente en que la coca es la materia prima de la cocaína. 

El Embajador Penn encontrará un verdadero galimatías entre lo que afirma la Cancillería boliviana y el texto de la CONVENCION UNICA DE NACIONES UNIDAS SOBRE ESTUPEFACIENTES DE 1961 y posteriores enmiendas protocolares, que textualmente señala: “Artículo 49.- Reservas Transitorias.- Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, toda parte podrá reservarse el derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios:  c) La masticación de la hoja de coca; e) La masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención, conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 41”

Pues bien, está claro que sin coca, no hay acullico y es menester ocuparnos de ella.

La coca es nativa de la zona montañosa de los Andes orientales comprendidos entre los 500 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar. De ello se puede inferir que los mineros de Potosí y de las factorías de los Barones del Estaño eran únicamente consumidores, pues es prácticamente imposible cultivar coca a 4000 metros. Será pues una dificultad para el Embajador Penn explicar cómo los mineros del Altiplano, relocalizados en el Chapare, habían previamente desarrollado “la costumbre ancestral” de cultivar la hoja de coca para su consumo.

Por virtud de la ley 1008, en Bolivia existen tres tipos de cultivos:

A) Los tradicionales que no podrán sobrepasar las 12.000 Hs. y están ubicados en los Yungas de La Paz y los Yungas de Vandiola en Cochabamba. B) Los excedentarios en el Chapare, y zonas aledañas a la zona tradicional, que gozan de tal categorización desde julio de 1988 y aparentemente por los siglos de los siglos. C) Finalmente están los cultivos ilegales que proliferan a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Menudo brete para el Embajador Penn, pues si defiende el acullico, defiende los cultivos de coca. Deberá entonces, escoger claramente cuál o cuales cultivos serán objeto de su labor diplomática, pues según recientes informes, más del  80% de la coca cultivada en el Chapare  va a dar  al narcotráfico y el 20 % restante no se sabe dónde; aunque un sondeo de la cadena radial FIDES indicó que los acullicadores prefieren la hoja de los Yungas paceños y no la chapareña, más amarga y con la nervadura menos masticable.

Bolivia se adhirió a la Convención Única de Naciones Unidas, el 23 de Septiembre de 1976, mediante Decreto Ley No.12906 e hizo conocer sus reservas argumentando entre otras cosas que: “… la hoja de coca es de uso y consumo generales en Bolivia, por lo cual, si se aceptaran las disposiciones mencionadas, gran parte de la población boliviana tendría que ser considerada criminal y sancionada como tal, lo que hace que las normas sean inaplicables en el caso concreto… “.

El embajador Penn deberá saber que Bolivia posee un territorio de poco más de un millón de kilómetros cuadrados cuyos tres cuartos están constituidos por valles, llanos y selvas, habitados por ciudadanos bolivianos. Para 1976, en el Oriente de Bolivia acullicaban coca únicamente los “colonizadores” provenientes de las tierras altas, y los choferes de los camiones Volvo que hacían el transporte de productos desde Santa Cruz hacia Cochabamba y viceversa. Por otra parte, estudios realizados por el Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin) daban cuenta que a la promulgación de la Ley 1008, el uso medicinal, ceremonial y cultural de la hoja de coca podía ser cubierto con la producción de 5.000 Hs. en vez de las 12.000 consagradas en el texto legal. Un estudio realizado por el mismo organismo en el año 2000, y actualizado el 2011, sobre el acullico en Bolivia, revela que sólo el 14 por ciento de la población masticaba la hoja de coca.

Algún felino cautivo debe haber, pues desde el año 2002 hasta la fecha, un estudio convenido entre los cultivadores de coca y el gobierno boliviano, sobre de la demanda legal de la hoja de coca, duerme el sueño de los despreocupados.

Al presentar sus reservas a la Convención de Naciones Unidas, el Gobierno Boliviano manifestó asimismo: “que (la hoja de coca) puede ser usada con fines industriales…” argumento que los cárteles y productores industriales de cocaína ya habían comprobado y continúan comprobando con el mayor de los éxitos.  Así pues, el flamante Embajador Penn tendrá un formidable reto por delante para diferenciar los intereses de las partes involucradas. No sea que haga de adalid de otros interesados en el asunto. 

Existen antecedentes que harán mucho más dificultosa la labor del Embajador Penn:

1. Anteriores denuncias bolivianas a la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes fueron secundadas por Colombia y Perú, quienes, a pesar de su buena fe se han constituido en el primero y tercero productores mundiales de cocaína.
2. El mandante del Embajador, Sr. Evo Morales es, el Jefe máximo de las Confederaciones de Sindicatos de Cultivadores de Hoja de Coca del Trópico de Cochabamba (zona excedentaria) durante los últimos 17 años, lo cual puede ser fuente de susceptibilidades.
3. Los cultivos de la hoja de coca han crecido al menos 3 veces con relación a las 12.000 Hs. que contempla la ley 1008.
4. La incautación de cocaína en territorio boliviano ha llegado hasta cifras insospechadas, no obstante el país contar con menores recursos económicos e información que en períodos anteriores.
5. La Constitución Política del Estado Plurinacional no habla específicamente del acullico.

Por último y para curarse en salud, el Embajador Penn, quien sin duda tendrá que visitar múltiples escenarios de discusión, no pierde nada con incluir algunas contraindicaciones para promover el acullico:

1. La masticación de coca puede causar hábito. En algunos sitios de Bolivia no es posible encarar un trabajo sin considerar la cantidad de hoja que consumirán los obreros. Estos no moverán un pelo sin una buena ración de bolos.
2. No se ha probado médicamente que los nutrientes de la hoja puedan ser asimilados por el organismo humano en forma directa. Los efectos adormecedores sobre las paredes estomacales pueden ocasionar pérdida del apetito e insuficiencia alimentaria en quienes consumen coca por largos períodos de tiempo. Estudios indican que, al disminuir la gesta de alimentos, el organismo funciona a costa sus reservas. 
3. El bicarbonato y la lejía asociados deterioran el esmalte dental y provocan la destrucción acelerada de las piezas dentarias.
4. Si maneja o realiza un trabajo que merece mucha atención, puede ver sus reacciones retardadas. 
5. Asociar alcohol con masticación de coca puede causar irritabilidad y cambios bruscos de conducta.
6. Si sufre de diabetes en cualquiera de sus tipos, no deje de tomar sus medicamentos.
7. En caso de embarazo, es útil saber que la saliva y el bicarbonato de sodio o la lejía liberan alcaloides contenidos en la hoja de coca, cuyos efectos no se han estudiado debidamente en el feto.
8. Si usted debe realizarse algún examen antidopaje, tendrá resultados “positivos”.