EL EMBAJADOR PENN SE SALIO DE PROTOCOLO

El Embajador Sean Penn, ganador de dos Oscar de la Academia, abandonó el protocolo de los acullicos, y vestido cual transeúnte cualquiera, traspasó las puertas de la ciudadela penal de Palmasola para visitar a su compatriota Jacob Ostreicher. Le recibieron 18 meses temblorosos de cautiverio confinados en una silla de ruedas.  Y se desató el pandemónium que hasta ahora involucra a altos personeros de los Ministerios de la Presidencia y Gobierno, además de jueces y fiscales agavillados en  una red de tráfico de influencias, chantajes y presiones contra personas procesadas por delitos penales y políticos que involucran la extraña coincidencia de intereses particulares con “causas de Estado”. Todas tan importantes que días atrás habían motivado al Fiscal del Ministerio Público designado al caso terrorismo, Sergio Céspedes, expresar que "En la antigua Constitución Política del Estado se valoraba la vida, ahora en esta nueva es patria o muerte”. 

Probablemente Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, durante años responsables de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno -quienes acompañaban al susodicho fiscal durante la audiencia a 39 ciudadanos acusados de terrorismo- recibieron esta declaración como el leit motiv justificador de su accionar.   

Los efectos del tsunami están tocando puertas en de las oficinas de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), ya vapuleada previamente por la repartija incontrolada que dotó de vehículo al asambleísta Lucio Vedia, y de casa al funcionario Benigno Vargas. Las aguas procelosas salpican los entretelones montados contra dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por el secuestro del Canciller David Choquehuanca y la impunidad de los responsables por los atropellos de Chaparina. 

Al parecer estamos frente a la punta de un iceberg de tamaño descomunal. Mucho más si se recuerdan las grabaciones en audios y vídeos que de cuando en cuando se filtran para conocimiento de la opinión pública. “La bancada opositora de Convergencia recordó que el senador Róger Pinto presentó el 15 de abril de 2011 un audio en el que se escuchaban las voces del abogado Dennis Rodas y “posiblemente”, de Fernando Rivera… junto a un fiscal y una abogada que posteriormente le iniciaron procesos penales (contra Pinto) “tramaban de manera descarada la conducción judicial de los casos terrorismo y Porvenir, así como la forma de controlar la Corte Suprema de Justicia”, reza un comunicado del 29 de noviembre. El Senador Pinto aún espera por un Salvoconducto para salir de la Embajada brasileña donde solicitó asilo tras habérsele abierto más de 20 procesos judiciales, entre ellos cinco por desacato, y dos por sedición y desacato.

En el Ministerio de Gobierno se cobijó sin ningún problema el General Sanabria -hasta que intervino la Justicia chilena- quien guarda detención en las cárceles de los EE.UU. acusado de narcotráfico. Hace poco tiempo fue sorprendido al “representante” de un Senador del Estado Plurinacional quien hacía de gestor para la instalación de casinos y casas de juego. Frente a los 52 avasallamientos de tierras que sufre el Departamento Santa Cruz, se habla de extorsiones a manera de “vacunas” para no ser afectados; situación que comparten varios ciudadanos extranjeros en la frontera con Brasil. Fuimos testigos de una grabación en la que un Asambleísta Departamental gestionaba el desalojo de tierras de comunidades menonitas ocupadas,  a cambio de una jugosa cantidad de dinero.  

Tales denuncias tienen el nauseabundo olor de las “relaciones peligrosas” que parecen ser predilección de los administradores del proceso de cambio: el otrora testigo clave del caso terrorismo Ricardo Villa Vargas, alias “El Viejo” declaró que trabajaba para el gobierno con Luis Nolberto Clavijo, el capitán Wálter Andrade y la policía Marilyn Vargas Villca, alias “Karen”, quienes colocaron – según “el Viejo”- los explosivos en las casas de un Concejal de Santa Cruz y del Monseñor Cardenal Terrazas. El Oficial George Peter Nava, un año atrás había colocado un artefacto explosivo en las oficinas de la Red UNITEL en Yacuiba (Tarija), medio televisivo varias veces señalado por el Presidente Evo Morales como su principal opositor político.

“El ex abogado del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío … propició que la colombiana Claudia Rodríguez, aprehendida por narcotráfico, se acerque al empresario Jacob Ostreicher para que éste compre propiedades del traficante brasileño Maximiliano Dorado y así implicarlo en tráfico de drogas”,  señala un noticiero.

Otra grabación difundida por los medios de comunicación arroja indicios sobre una “relación peligrosa” entre el Ministro de la Presidencia (el mismo de los 33 camiones de contrabando) y el narcotraficante Mauro Vásquez Guerra, alias “Mauro” -detenido recientemente en Pando a instancias de las autoridades brasileñas- en torno a la reclusión y condena judicial de Leopoldo Fernández.

Tal parece que no existen fronteras cuando de aplastar al adversario se trata. Ya habíamos visto tal férrea decisión del partido de gobierno en los sucesos de Chaparina para atacar sin misericordia a los indígenas del TIPNIS y años antes -con defunciones de por medio- las jornadas de La Calancha, en Sucre, para aprobar el texto de la nueva Constitución.

La Justicia recién estrenada con el “voto popular” no se libra del descalabro. Para juristas y legos constituye una rareza que funcionarios de otro poder del Estado, ungidos por un “Poder Legal” manejaran a jueces y fiscales como a sus muchachos de mandado. Tal como sorprende que el actual Ministro, autor de tesis y publicaciones según le espetó a la Presidenta de la Cámara de Diputados, haya pasado por alto que dicho Poder debería ser renovado por el nuevo titular de la cartera de Estado, a menos que éste hubiera rubricado su aval.   

El tsunami aún no ha tocado un pelo del narcotráfico cuya capacidad para penetrar y establecer vínculos con niveles de decisión es conocida por todo el mundo. 

Pero nadie vio ni escuchó nada durante siete años.

En este Estado Plurinacional cuyo vicepresidente se da a la tarea de monitorear cuentas de Twitter y Facebook en busca de castigar a quienes hablan mal del Presidente, la alacena estaba llena de ratones pero el queso no faltaba. 

O tal vez el gobierno no quiere ocuparse de cosas tan desagradables, habiendo partidos de fútbol y entregas de canchas con pasto sintético. Tal vez no queda tiempo al Presidente, preocupado en la construcción del Museo Evo Morales, en Orinoca, al costo de Bs.47 millones (7 millones de dólares) y las celebraciones del Solsticio de verano en la Isla del Sol (1 millón de dólares) donde se celebrará “el fin del no tiempo y la llegada de un tiempo nuevo, marcado por el vivir bien en armonía con la Madre Tierra” a quien se quiere herir de muerte con una carretera que atraviesa un Parque Nacional y Territorio Indígena.

No es de extrañar que, con un jefe tan “preocupado” por los niveles de corrupción, pero “ocupado” en gastar los recursos del Estado Plurimillonario, el Embajador Penn se haya salido del protocolo. Yo le daría otro Oscar.